Fortín condenó que bajo las leyes que existen actualmente no se han investigado los presunto abusos a las exoneraciones fiscales ni hay sanciones a quienes las hayan ejecutado, como pretende el proyecto de reforma tributaria.
"A nosotros esta ley nos parece que debemos hacer notar que carece de un elemento esencial que es su razonabilidad, que el principio jurídico a nosotros nos dice que las leyes deben perseguir objetivos públicos legítimos, deben utilizar medios razonables para la consecución de dicho objetivo", dijo el empresario a la Fuerza Informativa HRN y Hoy Mismo.
Asimismo, enfatizó en que las micro, pequeñas y medianas empresas son las que generan el 70% de empleos del país y que la mediana empresa es la que paga el 70% de impuestos al Estado de Honduras.
"Si las grandes empresas generan la mayor cantidad de impuestos, ¿cómo es posible que digan que hay tanta clase privilegiada? (...) Definitivamente es que esta ley de la forma que nosotros la vemos la rechazamos completamente, porque esta ley lo único que está queriendo hacer es poner en mal a la empresa privada", sentenció.
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Por otra parte, el presidente de la CCIT resaltó que el gobierno debe centrarse en formalizar la empresa, ya que en Honduras solo unas 300,000 operan bajo la formalidad.
"¿Qué debe hacer el gobierno?, formalizar a los informales, dar los beneficios y los incentivos necesarios para que los informales se vuelvan formales, pero aquí en este país es demasiada informalidad, entonces lógicamente se recae entre unos pocos", aseguró.
El empresario afirmó que el gobierno de Honduras debe sentarse con los diferentes sectores para realizar análisis numéricos y no hacer leyes unilaterales.
Reforma tributaria
La presidenta Xiomara Castro anunció el 30 de enero de 2023 la propuesta de reforma tributaria con el fin de eliminar supuestos abusos que se generan a raíz de las exoneraciones fiscales existentes.
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De las 18 exoneraciones vigentes, el gobierno pretende derogar 16, según el proyecto socializado el 8 de marzo por parte del Servicio de Administración de Rentas (SAR) el 8 de marzo a la empresa privada.
Por otro lado, la reforma pretende también eliminar el secreto bancario con el fin de tomar una base para el cobro de impuestos.
De tal modo, la empresa privada no ha visto con buenos ojos el proyecto del Ejecutivo, ya que representantes de la misma afirman que esta sería un desincentivo para la inversión en el país y, por consiguiente, se perderían muchos empleos.
Es así que, la empresa privada anunció que discutirá el proyecto presentado por el SAR para emitir un pronunciamiento oficial antes de que el Ejecutivo envíe la propuesta al Congreso Nacional (CN) para su aprobación.
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