CONTÁCTENOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

PROGRAMAS

NACIONALES

NEGOCIOS Y FINANZAS

TENDENCIAS

INTERNACIONALES

DEPORTES

PROGRAMACIÓN

HRN LIVE

Una conclusión a la que llegan sectores mayoritarios de nuestro país es que no hay voluntad para perseguir el delito e impartir recta justicia.



Esto explica por qué el Código Penal que entró en aplicación en 2020 ha sido utilizado como un instrumento de impunidad. Ha habido resistencia a revisar ese cuerpo legal para enmendar los desaguisados que se cometieron en su aprobación, con el oscuro propósito de proteger a los corruptos y a las redes criminales. &nbsp;



Las propuestas de reformas han estado engavetadas por varios años. Hasta ahora, no se conoce que los diputados de la comisión encargada de conocer el tema hayan llegado a algo concreto para subsanar las lagunas que presenta el cuestionado cuerpo legal.



Reconocidos juristas nacionales concuerdan en que el Código fue elaborado para favorecer a los culpables de ilícitos graves; en otras palabras, para que el brazo de la justicia no alcance a los corruptos ni a los criminales organizados.



Miembros del Consejo Nacional Anticorrupción, así como un segmento representativo de abogados y notarios, advirtieron en su tiempo que la normativa penal había sido un “mal parto” de sus creadores y de sus patrocinadores.



Los personeros de la MACCIH, la institución que falleció a manos de los mismos políticos y de sus cómplices, también alertaron que el nuevo Código simplifica los tipos de pena e impone sanciones sin considerar el papel que los acusados juegan en las organizaciones ilícitas.



Y entre la colectividad hondureña no hay duda de que los congresistas metidos en casos de malversación y saqueos de fondos públicos se confabularon para colocar trampas a la legislación penal y protegerse de investigaciones que condujeran a procesos judiciales en su contra.



La percepción generalizada es que el Código Penal es un “escudo de impunidad”, porque –lejos de ser una herramienta para la impartición de justicia- reduce el castigo para los delitos, particularmente el fraude, la malversación de fondos y el lavado de activos.



Por cuatro años se prolongaron las discusiones que finalmente llevaron a la aprobación de la legislación penal, pese a la férrea oposición de diversos sectores que demandaban un análisis más profundo de cada uno de sus artículos y sus alcances. &nbsp;



¿Ha sido, desde su nacimiento, una herramienta política? ¿Vamos a enredarnos en un nuevo debate alrededor de las enmiendas al <a href="https://www.radiohrn.hn/elaboracion-de-un-nuevo-codigo-penal-seria-perdida-de-tiempo-senala-antonio-callejas-2024-08-09">Código Penal</a>?



Al fin y al cabo, lo que importa no es darle vigor a una extensa legislación penal si ésta no tiene aplicación efectiva, ni acción rigurosa, sino una interpretación acomodada o arbitraria.



No viene a provecho que se endurezcan las penas si en las cúpulas de poder se tejen más telarañas para entorpecer la impartición de justicia y obstaculizar el castigo a los delincuentes de toda laya.