La Policía Nacional de Honduras compartió información en torno a las penas en prisión que pueden recibir los miembros de organizaciones terroristas, en el marco de las reformas penales, destacando la cadena perpetua para aquellos que le quiten la vida a funcionarios, ya sea de seguridad o judiciales.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en sesión legislativa el pasado martes 28 de octubre la denominada Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, mejor conocida como "reformas penales".
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Este paquete de reformas, que según las autoridades es para controlar la criminalidad en el país, se aprobó con 119 votos de diputados a favor. Asimismo, contempla 12 artículos en pro de la lucha contra las organizaciones terroristas, entre ellas, maras y pandillas.
Las condenas que podrían enfrentar en caso de declararlos culpables
Si durante el proceso penal en su contra se les encuentre como culpables, los miembros de organizaciones terroristas pueden cumplir penas desde los 8 años hasta una cadena perpetua de reclusión en los penales del país.
Asimismo, la policía recalcó que aquellos que colaboran con las estructuras, aunque no pertenezcan directamente a ellas, también incurren en el delito y pueden ser condenados.
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En ese sentido, la reforma del 2 al 7, establece que quien ayuda a la asociación sin ser parte de ella puede purgar:
- De entre 20 y 30 años de prisión si es colaborador general.
- De entre 30 y 40 años de prisión si es su funcionario o actúa por un pago.
Endurecimiento de las condenas
También hay un endurecimiento de las penas y restricción de beneficios. Entre ellas es que para los terroristas queda excluida la preliberación y libertad condicional. Asimismo:
- De 8 a 10 años de prisión para aquellos atentados de maras y pandillas.
- Habrá sanción de drones en los centros penales.
- Cadena perpetua para los asesinos de miembros de la seguridad del Estado u operadores de justicia.
- Condenas ampliadas.
Prisión preventiva obligatoria
Otro dato a resaltar de las reformas es que la prisión preventiva tras la captura del sospechoso por terrorismo deberá ser obligatoria, sin medidas sustitutivas, y se cumplirá en uno de los centros penales de máxima seguridad, sin revisión, salvo en casos acreditados.
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El plazo ante el juez pasó a 48 horas para poder acreditar pruebas por asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión.
