Las dudas están sembradas sobre las intenciones que esconde la propuesta de reformas al Presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2021.
Representantes de sectores críticos han alertado que la verdadera finalidad de la iniciativa de enmiendas al plan de finanzas del país es pasar los recursos de inversión pública a gastos corrientes.
Como se sabe, los fondos para crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes o servicios que se brindan a la población han disminuido progresivamente, incluso antes de la emergencia sanitaria.
Dos mil veinte cerró con una caída de 23 por ciento en la partida destinada para la inversión pública, con lo que se confirma que este renglón fue el más afectado por la pandemia.
De un presupuesto de 26,000 millones de lempiras orientados el año anterior, únicamente se habían ejecutado cerca de 8,000 millones de lempiras al tercer trimestre de 2020.
Los mismos informes de finanzas, revelan que en 2019 se utilizaron unos 11,000 millones de lempiras para los programas de inversión pública. Desde el año 2014, los fondos asignados para ese rubro han caído desde los 12,000 hasta la línea de los 4,000 ó 5,000 millones.
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En sentido contrario, los gastos corrientes se han incrementado de manera sostenida. Para el período entre 2021 y 2024 se ha proyectado que el gasto corriente de la administración central será de alrededor de 545,000 millones de lempiras.
Lejos de una reducción de los gastos, con la finalidad de ajustar las finanzas a los tiempos de crisis, las proyecciones señalan que la erogación de recursos para sostener al Gobierno Central se incrementará en un 20 por ciento.
De acuerdo con lo establecido en un documento sobre lineamientos de política fiscal, en 2021 el gasto corriente; es decir, la adquisición de bienes y servicios, será de 125 mil millones de lempiras.
En 2022 la cifra ascenderá a 129 mil 500 millones de lempiras; en 2023 llegará a 139,700 millones; y en 2024 alcanzará la cantidad de 151,700 millones.
De ahí que el planteamiento para introducir reformas al Presupuesto de la República es cuestionado por técnicos de organizaciones no gubernamentales y por economistas que observan con preocupación el manejo de las finanzas públicas.
La iniciativa que ha sido presentada en el Congreso Nacional dice en uno de sus apartados que el endeudamiento público autorizado mediante la emisión de bonos y obtención de préstamos podrá ser redistribuido cuando existan condiciones financieras y de mercado.
Asimismo, se autoriza a la Presidencia de la República a realizar las contrataciones que sean necesarias para la formulación y ejecución de los planes y proyectos de reconstrucción, con el propósito de reactivar la economía y fortalecer la atención de la pandemia.
Se concede a la cartera de Finanzas atribuciones para la aplicación de las medidas que le den prioridad a los gastos necesarios, así también, la realización de las operaciones presupuestarias y financieras requeridas.
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El objetivo declarado es reorientar los presupuestos de las instituciones, inclusive las transferencias a favor de las dependencias del sector público y privado que figuran aprobadas en el Presupuesto General de la República, con el propósito de asignar, reorientar y priorizar los recursos.
Con base en ello es que establece la obligación de todos los entes de reprogramar sus objetivos, resultados y metas, su plan operativo y contrataciones en concordancia con el "presupuesto ajustado".
Los estudiosos de la economía y las finanzas han expresado su recelo acerca de los verdaderos propósitos de las reformas planteadas al Presupuesto de la República.
