La Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó este lunes un requerimiento fiscal contra exdiputados y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), acusados de desviar más de 27 millones de lempiras (L27,095,708.84) destinados a proyectos sociales y de reducción de la pobreza entre 2011 y 2017.
Entre los acusados por el delito de fraude se encuentran los exdiputados del Congreso Nacional Rodimiro Mejía, José Vicente León Rojas y Perla Simons Morales.
Además de los exdiputados, la representante legal y administradora de hecho de la Organización Inclusión Honduras Internacional (OIHIN), Dalia Esmeralda Palma Sánchez, junto con los miembros fundadores de la junta directiva de OIHIN, José Wilfredo Flamenco Ramírez y Laura Rosa Sánchez García, también figuran en la lista de imputados en el requerimiento.
Asimismo, Uferco presentó cargos contra José Wilfredo Flamenco Acevedo, Miguel Ángel Hernández Mejía y David Abner Flores Montoya, señalados por su participación en el esquema de corrupción.
Mecanismo de desvío de fondos
Según un comunicado del Ministerio Público (MP), la investigación reveló que la ONG OIHIN fue creada el 21 de marzo de 2010 y utilizada como una estructura para desviar fondos estatales. Estos recursos provenían del Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional y del Fondo Rotatorio de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), destinados a la ejecución de 17 proyectos sociales.
Sin embargo, los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques a favor de particulares y empresas sin justificación legal.
En lugar de ejecutarse los proyectos previstos, los recursos terminaron en cuentas personales, en la compra de terrenos, vehículos y en el pago de alquileres.
Irregularidades detectadas
Entretanto, las auditorías realizadas por Uferco revelaron graves inconsistencias en los estados financieros de OIHIN, incluyendo registros bancarios alterados, liquidaciones incompletas y pagos irregulares.
Entre los beneficiarios de los cheques aparecen exdiputados, empresarios y particulares que no ejecutaron las obras estipuladas en los contratos.
Con este requerimiento fiscal, el MP apuntó que la Uferco busca que los acusados enfrenten la justicia y respondan por los actos de corrupción que, según la investigación, privaron a la población de recursos fundamentales para su desarrollo.
