El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, indicó que Rivera deberá firma cada semana el reloj biométrico del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, además tendrá prohibido salir del país y fue suspendido de su cargo.
Rivera deberá presentarse a audiencia inicial el próximo 17 de enero a las 10:00 de la mañana, para conocer las nuevas medidas que otorgue el juez.
El Ministerio Público de Honduras presentó a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ), un requerimiento fiscal contra el Juez Ejecutor Edgardo Enrique Rivera Argueta.
El juez está acusado de los delitos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos, acciones que se consideran perjudiciales para la administración de la justicia y la fe pública en Honduras.
Según las investigaciones de la fiscalía, el caso se remonta al año 2016, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció un Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes a favor de José Olivio Rodríguez Vásquez.
Este recurso estaba relacionado con la solicitud del MP de nombramiento y juramentación de peritos para analizar documentos del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), relacionados con una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra altos funcionarios, incluido un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque la Sala de lo Constitucional declaró con lugar la Acción de Amparo en noviembre de 2018, considerando vulnerado el Debido Proceso, en ningún momento ordenó el cierre de la denuncia, como lo hizo posteriormente el Juez Ejecutor Rivera Argueta en octubre de 2023.
La Fiscalía sostiene que el Juez Ejecutor excedió sus facultades al ordenar de manera imperativa el cierre del expediente, y que la Sala de lo Constitucional se refería a cuestiones de competencia y no a la clausura del caso.
Adicionalmente, se ha emitido una orden de captura contra el Juez Ejecutor Edgardo Arita Argueta, quien presuntamente ordenó el cese de una investigación de actos de corrupción en el Infop durante la dirección de David Chávez entre 2010 y 2013.
Este caso se encuentra actualmente en desarrollo y sigue siendo objeto de atención tanto por parte de las autoridades judiciales como por la opinión pública en Honduras, bebido a que aún otros funcionarios están involucrados en el nuevo caso.
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