Transcurridos varios días del juicio que se lleva a efecto en Estados Unidos contra el hondureño Geovanny Fuentes por narcotráfico, los datos que se han revelado colocan al mandatario Juan Orlando Hernández en el centro de este capítulo.
Esto es así, aunque el gobernante ha atribuido las declaraciones de personajes enjuiciados por trasiego de droga a una venganza de los líderes del crimen organizado por las acciones que, según afirma, ha emprendido su Gobierno para destruir las redes del crimen.
Analistas domésticos aseguran que Hernández ha seguido una estrategia equivocada al defenderse, montar comparecencias o convocar a conferencias de prensa para explicar que los malhechores no han podido llegar nunca a un pacto con él.
Aquí no se le acusa de estar incriminado. Es la justicia estadounidense ante la cual Hernández debe comparecer, rendir cuentas y aportar las pruebas de su autoproclamada desvinculación de los actos que le tildan los narcotraficantes hondureños que están incriminados por la justica norteamericana.
El solo hecho que Hernández sea mencionado en las declaraciones de los hondureños extraditados por conspiración para introducir drogas en Estados Unidos tiene un impacto en la imagen del país, repercusiones importantes en la institucionalidad hondureña y derivaciones en la gobernabilidad interna.
Más revelaciones conocidas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se han extendido y crispado el ambiente en Honduras.
Y es que el "cachiro" Devis Leonel Rivera Maradiaga ha mencionado que el mandatario Hernández recibió soborno por 250,000 dólares con la ayuda del diputado Oscar Nájera, que el designado presidencial, Ricardo Álvarez, habría sido beneficiado con un aporte de 500,000 dólares y que al ex gobernante, Manuel Zelaya Rosales, le habrían entregado medio millón de dólares.
Álvarez ha emitido un comunicado en el que niega haber recibido fondos de actividades ilícitas, al tiempo que se ha puesto a disposición para una investigación de sus bienes.
De su lado, el ex titular del Poder Ejecutivo Zelaya Rosales, ha dicho que No tiene problemas con declarar ante la justicia de Estados Unidos y ha escrito en sus redes sociales: "prueba irrefutable que nunca recibí sobornos es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la Embajada Americana".
También ha replicado el ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, quien ha manifestado que está abierto a una investigación, porque "quien nada debe, nada teme".
En Honduras los últimos cuatro presidentes han sido mencionados en cortes de Estados Unidos, por suponer que han recibido fondos no debidos. Y esto es un tema sobre el cual hay que reflexionar, porque golpea la institucionalidad del país, a juicio de analistas locales.
Diversos sectores de la sociedad civil se han pronunciado por que el mandatario Hernández se haga a un lado y esclarezca su situación legal en Estados Unidos, a propósito de las declaraciones de narcotraficantes enjuiciados en aquel país.
Altos cargos de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, han advertido que ni un tan solo dólar de la ayuda dirigida a países como Honduras acabará en manos de sus presidentes, sino que serán recursos manejados en un trabajo conjunto con organizaciones religiosas y de la sociedad civil, lo que se traduce en un mensaje claro que Estados Unidos no va a permitir más la corrupción y el narcotráfico.
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