Un joven de oficio mecánico murió asesinado en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad Agua Caliente en La Masica, Atlántida, y sus familiares tomaron una determinación inmediata con el cuerpo.
De acuerdo a información de medios locales, a la víctima la identificaron como Marco Tulio Guevara de 23 años.
Él se transportaba a bordo de su motocicleta cuando sujetos desconocidos lo interceptaron y dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida de manera inmediata, por lo que su cuerpo quedó en la calle.
Personal policial se movilizó hasta la escena del crimen para acordonar y coordinar el levantamiento con Medicina Forense. Sin embargo, los familiares determinaron no esperar, y ellos lo retiraron del sector.
Posteriormente, llevaron el cadáver hasta su lugar de residencia en la comunidad de El Oro, siempre en La Masica, para velarlo.
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¿Qué sucedió después?
A pesar de la acción de los parientes de la víctima, personal de Medicina Forense en conjunto con la Policía Nacional se apersonaron a la vivienda donde estaba el velorio e hicieron el levantamiento de ley. No obstante, no ingresó la noche del lunes a la morgue de La Ceiba.
Asimismo, indicaron que se han iniciado las investigaciones correspondientes, con el afán de esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables. Por ahora no se reportan detenidos y se desconocen las causas del crimen.
Retirar un cuerpo de la escena representa una falta
En Honduras, retirar un cuerpo de una escena de muerte sin que intervengan las autoridades competentes, especialmente el Ministerio Público y el personal de Medicina Forense, constituye un delito que la ley tipifica como obstrucción a la justicia o alteración de evidencia.
La ley obliga a reportar todos los fallecimientos de inmediato a las autoridades. Asimismo, señala que cualquier persona que manipule un cadáver sin autorización puede interferir con la investigación del delito, dificultar la identificación de las causas de la muerte y complicar el procesamiento de los responsables.
Esta normativa busca garantizar que se respeten los procedimientos legales y que no se comprometa la cadena de custodia de pruebas.
