Iván Abad Velásquez Castro, gerente de Koriun Inversiones, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, confirmó este lunes Ramiro Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario.
Velásquez enfrenta cargos por los delitos de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas de fuego, tanto de uso permitido como prohibido.
Según Muñoz, el imputado permanece bajo estricta vigilancia las 24 horas del día.
“Es imposible que nadie pase, si el muchacho quiere hacerse daño no podrá, hay entre tres y cuatro policías pendientes de él. Imagínese lo que se invierte para cuidar a alguien en posible riesgo”, expresó Muñoz durante una entrevista en el programa Hoy Mismo de TSi.
Una imagen divulgada en medios muestra a Velásquez con una calzoneta y sin camisa dentro del módulo de máxima seguridad donde permanece monitoreado constantemente.
Antes del traslado, Velásquez estaba recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, luego de que un juez le dictara prisión preventiva por los delitos señalados.
Durante la audiencia inicial, Roberto Talavera, abogado defensor del acusado, declaró que su cliente no logró justificar la procedencia de 176 millones de lempiras y 250 mil dólares adicionales, equivalentes a más de 6.5 millones de lempiras.
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Esta falta de justificación fue determinante para que se le enviara a prisión. La audiencia preliminar está programada para el próximo 19 de junio a las 9:30 de la mañana.
En el mismo caso, la esposa de Velásquez, Kefi Esmeralda Gavarrete, obtuvo arresto domiciliario por el delito de lavado de activos, tras una revisión de medidas. El beneficio se le concedió por ser madre lactante.
Contexto de Koriun InversionesLas autoridades aseguran que Koriun Inversiones operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Además, ejecutaba una agresiva campaña de captación de fondos a través de redes sociales, especialmente en TikTok.
El Ministerio Público sostiene que la empresa manejó de forma irregular hasta tres mil millones de lempiras por lo que el 23 de abril ejecutó una intervención para desmantelar las operaciones.
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