La difusión de imágenes que muestran el aparente deterioro en el estado de salud de Santiago Zúniga Cruz, conocido como el “apóstol Chago”, ha generado preocupación entre sus familiares y sectores políticos en Honduras.
El religioso, de 59 años, permanece recluido en una cárcel de El Salvador tras enfrentar un proceso judicial por el presunto delito de tráfico de personas.
Un Juzgado de Paz del municipio de Pasaquina dictó detención judicial en su contra, así como contra su acompañante, Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37 años.
Capturados durante inspección de rutina
De acuerdo con el informe oficial, las autoridades capturaron a ambos el pasado 4 de febrero en la estación fronteriza de El Amatillo, durante una inspección de rutina.
Durante la revisión del vehículo en el que se transportaban, los agentes encontraron a un menor de edad dentro de la cajuela, sin documentos de identidad ni pasaporte, situación que derivó en la detención inmediata y el inicio del proceso legal.
Imágenes revelarían delicado estado de salud del apóstol Chago
Las recientes imágenes del líder religioso han encendido las alarmas, ya que evidencian un posible deterioro físico, lo que ha motivado acciones desde el ámbito político.
La familia de Zúniga también expresó su inquietud. Según declaraciones de su hija, no han logrado establecer comunicación con él desde su detención, lo que incrementa la incertidumbre.
Además, señaló que el “apóstol Chago” padece de diabetes, una condición que requiere atención médica constante, por lo que temen que su estado de salud se agrave dentro del centro penitenciario.
Presentan moción del apóstol Chago en el CN
Un diputado presentó una moción ante el Congreso Nacional de Honduras para conocer a detalle la situación de salud del detenido.
El caso ha generado debate en la opinión pública, no solo por la gravedad del delito que se le imputa, sino también por las condiciones en las que se encuentra el religioso mientras avanza el proceso judicial en El Salvador.
Mientras tanto, sus familiares esperan respuestas de las autoridades salvadoreñas y hondureñas sobre su situación, al tiempo que solicitan garantías para su integridad física y acceso a atención médica adecuada.
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