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Los reportes de organismos de la sociedad civil apuntan que entre 2003 y 2013, se destinaron alrededor de 180,000 millones de lempiras con el supuesto propósito de ayudar a la mayoría de la población a salir de la pobreza.



¿En qué se ha diluido esa estratosférica suma de dinero que fue presupuestada para cerrar la brecha social? Esa pregunta la formulan investigadores de organismos de la sociedad civil y economistas.



Porque mientras más fondos han sido destinados en el Presupuesto de la República, más se ha ensanchado la inequidad. En el período 2000-2022, el porcentaje de pobres subió de 64 a cerca de 80 por ciento.



Documentos elaborados por académicos y proyecciones del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), advierten que el número de excluidos llegará a más por la alta tasa de desempleo, la galopante inflación y el decadente aparato productivo, sin contar con las amenazas externas de una crisis alimentaria mundial.



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El plan de ingresos y egresos para el año presente contempla una inversión pública de 71,000 millones de lempiras, equivalentes a 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



En esta partida sobresalen 3,800 millones para la construcción y rehabilitación de carreteras; dos mil 200 millones para la edificación de hospitales; y 1,500 millones más que serán dirigidos a proyectos de saneamiento, agua potable y centros educativos.



El subsidio a las tarifas de energía eléctrica y a la comercialización de combustibles consumirá 14,000 millones; dos mil millones estarían dirigidos a préstamos agrícolas; 2,700 millones para la adquisición de medicamentos; y aproximadamente 4,000 millones serían orientados a las iniciativas de ayuda de la Red Solidaria.



A criterio de exdirectivos y miembros del Colegio de Economistas consideran que no es suficiente la focalización de recursos para los sectores necesitados si éstos no son parte de un plan de reducción de la pobreza.



Una población de 250,000 personas que cada año buscan trabajo sin encontrarlo se suma a la fila de los pobres; el alto costo de vida lleva a ocho de cada diez hondureños a una mayor vulnerabilidad; y el estancamiento económico hace que las condiciones sociales sean más inequitativas.



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