El Registro Nacional de las Personas (RNP) trabaja en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Vicky Hernández, asesinada en 2009 por motivos relacionados con su identidad de género. En una reciente entrevista a HRN, el comisionado presidente del RNP, Roberto Brevé, explicó los avances sobre el derecho de los ciudadanos trans a cambiar su nombre legal.
Brevé detalló que actualmente se están llevando a cabo reuniones con la Procuraduría General de la República (PGR) para diseñar el protocolo que permitirá a las personas trans solicitar el cambio de nombre.
Este proceso surge como parte de las obligaciones del Estado hondureño tras la sentencia del caso de Vicky Hernández, que exige una reparación adecuada a la comunidad trans y el reconocimiento de sus derechos.
"Estamos comprometidos a cumplir con este protocolo y darle seguimiento para que los ciudadanos trans puedan solicitar el cambio de nombre", afirmó Brevé. Sin embargo, aclaró que este cambio de nombre no afectará la identificación de los votantes en futuros procesos electorales, ya que la identificación biométrica sigue siendo la principal forma de validar a los ciudadanos.
"El número de identidad no se cambia, solo el nombre. Se añadirá una nota marginal al expediente, como en los casos de matrimonio o divorcio", explicó.
El caso de Vicky Hernández marcó un precedente en Honduras, y esta medida busca avanzar en la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Dicha sector de la sociedad espera que en los próximos meses se concrete el protocolo y se habilite la posibilidad de que los ciudadanos trans ejerzan este derecho sin obstáculos administrativos.
¿Quién era Vicky Hernández?
Vicky Hernández, era una activista en San Pedro Sula, Cortés, fue asesinada a sus 26 años entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio de 2009, en el marco del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales.
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia condenando a Honduras por el crimen y, casi un año después, el Estado asumió la responsabilidad por el hecho.
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