El exjefe del Estado Mayor Conjunto, general retirado Romeo Vásquez Velásquez, acusó públicamente al expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) de haberse reunido con Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2006, cuando aún ejercía la Presidencia de la República.
Las declaraciones fueron difundidas mediante un vídeo publicado desde la clandestinidad, en el que también arremete contra fiscales, jueces y actuales funcionarios del Gobierno.
Según Romeo Vásquez Velásquez, el encuentro se habría realizado en una hacienda en Colinas, Santa Bárbara, al noroccidente de Honduras, con la presencia de emisarios del cartel de Sinaloa.
Al respecto, afirmó que en esa reunión se pactó el uso del territorio hondureño como puente del narcotráfico hacia Estados Unidos.
"Estuvieron presentes Vladimir Paredes, Rubén Mejía, Harold Delgado, Héctor Emilio, entre otros emisarios del narcotráfico. Ahí se pactó convertir a Honduras en un trampolín del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Cada uno salió con tres millones de dólares en efectivo para sobornar autoridades y preparar rutas", afirmó Vásquez.
Además, aseguró que el entonces presidente Zelaya habría recibido más de 100 millones de dólares, casi 1,900 millones de lempiras de aquel entonces, como adelanto para permitir operaciones criminales, incluyendo el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas antidrogas.
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Sobre 'el avión abandonado'
En otros señalamientos, Romeo Vásquez Velásquez afirmó que un avión con más de 100 millones de dólares aterrizó en el aeropuerto Toncontín, en el Distrito Central, como adelanto para Manuel Zelaya. A cambio, se habrían retirado las Fuerzas Armadas de la lucha antidrogas.
"El descaro fue tal que cambiaban tres armas por un kilo de cocaína", denunció Vásquez, señalando el envío de armamento desde Puerto Cortés a grupos criminales.
También aseguró que se usaron submarinos y avionetas para transportar droga.
Los fondos, según el exjefe militar, se habrían lavado en Santa Lucía, Valle de Ángeles y el extranjero, según información validada por agencias internacionales.
Respuesta oficial
Entretanto, la reacción del Gobierno no se hizo esperar, pues Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica, desestimó las acusaciones y calificó a Vásquez de "prófugo" y "novelista".
"Tan patriota es este, que esperó 15 años y andar huyendo para hacer denuncias sin una sola prueba", afirmó el funcionario en sus redes sociales, criticando también la narrativa usada por el militar retirado desde la clandestinidad.
En tanto, el canciller Enrique Reina descalificó contundentemente las recientes declaraciones del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, a quien calificó de "prófugo violador de la Constitución y los derechos humanos".
Conforme a lo expuesto por Reina, Vásquez fue responsable de un “ilícito internacional”, en referencia al golpe de Estado de 2009, como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"El golpe facilitó la destrucción de la institucionalidad y la llegada del narco Estado", afirmó Reina, señalando que cifras de la ONUDC indican que tras ese quiebre Honduras se volvió ruta de más del 90 % de la cocaína rumbo a Estados Unidos.
También criticó que Vásquez intente victimizarse "en otra mala novela" desde la clandestinidad.
Nuevo requerimiento fiscal
El Ministerio Público presentó el 23 de mayo un requerimiento fiscal contra Romeo Vásquez Velásquez por el delito de lavado de activos agravado.
La acusación se sustenta en un video grabado entre 2013 y 2014, en el que el exmilitar aparece recibiendo dinero en efectivo de parte de un presunto narcotraficante hondureño, posteriormente condenado en Estados Unidos.
Según explicó el vocero del MP, Yuri Mora, el material fue autenticado por expertos forenses y constituye una prueba clave en el proceso.
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Situación legal y antecedentes
Romeo Vásquez Velásquez permanece prófugo desde el 3 de marzo de este año, tras la revocación de su arresto domiciliario.
La justicia lo vincula con la muerte del joven Isy Obed Murillo y con tentativa de asesinato contra otro manifestante durante los hechos del 5 de julio de 2009.
Por ese mismo caso, dos exmilitares ya están recluidos en el Centro Penal de Támara.
La Policía Nacional mantiene activa una recompensa de 3.5 millones de lempiras por información que conduzca a su captura.
Mientras tanto, el exjefe castrense continúa emitiendo mensajes en los que asegura ser víctima de una persecución política, al tiempo que lanza acusaciones sin sustento probatorio contra diversas figuras públicas.
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