Un juez de letras penal de Tegucigalpa dictó la medidas sustitutivas a la prisión preventiva al general en condición de retiro y exministro de Defensa Nacional, Roosevelt Hernández Aguilar, en el caso por presunto ataques a periodistas.

Hernández llegó la mañana de este miércoles hasta los juzgados capitalinos para comparecer en la audiencia de declaración de imputado. El exjerarca militar arribó en compañía de sus abogados y miembros de su seguridad.

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¿De qué se le acusa?

Esta causa penal en contra del exjefe de las Fuerzas Armadas es por suponerlo responsable del delito de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales en perjuicio de los periodistas:

  • Dagoberto Rodriguez Coello
  • Rodrigo Wong Arevalo
  • Juan Carlos Sierra Galeas
  • José Adán López

Además, en contra de la libertad de prensa y expresión que ejerce el gremio periodístico y comunicadores sociales en general en Honduras.

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Medidas y programación de la siguiente audiencia

Las medidas sustitutivas que se le impusieron a Hernández Aguilar están establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal y son :

  • Firmar una vez al mes en los juzgados.
  • No salir del país.
  • No tener comunicación con los ofendidos.

Mientras tanto, la audiencia inicial quedó programada para el día martes 1 de septiembre a las 8:30 de la mañana. En el espacio procesal se evacuaran los diferentes medios de prueba.

Imagen de cuerpo de nota
El Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal en contra de Roosevelt Hernández el pasado 29 de julio del año en curso.

El origen de la acusación

Según el ente acusador del Estado, la acción contra el general en condición de retiro y exministro de Defensa Nacional se derivó de una investigación por presuntos ataques contra la libertad de prensa en Honduras.

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El caso surgió luego de varias publicaciones difundidas entre 2025 e inicios de 2026 en el medio digital de las Fuerzas Armadas (FFAA). Los periodistas afectados y el propio colegio profesional las señalaron como parte de una campaña de desacreditación.

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La acusación fue promovida por la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH).