El Ministerio Público (MP) ejecutó este jueves seis allanamientos en San Juan Pueblo, municipio de La Masica, en el departamento de Atlántida, como parte de una investigación por el delito de lavado de activos.
Según el MP, el caso de lavado de activos está relacionado con Saúl Cruz Canales, presunto socio del narcotraficante hondureño Bayron Ruiz Ruiz, asesinado en Guatemala el pasado 12 de febrero de 2025.
En la mira del MP supuesto socio de Bayron Ruiz
Según el ente acusador del Estado, Cruz Canales forma parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Producto de estas actividades ilícitas, habría adquirido diversos inmuebles sin justificación legal.
Entre los bienes investigados figuran una ferretería, una agropecuaria y una farmacia, utilizados presuntamente para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes del narcotráfico.
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Saúl Cruz Canales fue vinculado en 2019 a Bayrón Ruiz
Como antecedente al operativo de este jueves, el Ministerio Público mencionó la Operación Gedeón III, realizada en abril de 2019, con allanamientos en 24 puntos de los departamentos de Colón y Atlántida.
En esa operación "se logró establecer que la organización criminal de Ruiz Ruiz introducía cargamentos de cocaína provenientes de Colombia y Venezuela a Honduras", señaló el Ministerio Público en un comunicado.
La organización utilizaba diversas rutas terrestres, aéreas y marítimas y parte de la droga era distribuida dentro del país, mientras que otra parte era enviada a Norteamérica, agregó el Ministerio Público.
Fortalecerán expediente contra Saúl Cruz Canales, socio de Bayron Ruiz
La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) confirmó que las inspecciones continuarán en el municipio de Esparta, siempre con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), a fin de recolectar más indicios que fortalezcan el expediente.
Pena por lavado de activos
El Código Penal hondureño, en su artículo 439, establece que el lavado de activos con agravantes —como formar parte de un grupo delictivo o ser funcionario público— puede conllevar penas más severas, incluyendo inhabilitación absoluta.
Las autoridades reiteran su compromiso con el combate frontal al crimen organizado y el desmantelamiento de estructuras que financian sus operaciones ilícitas en el país.
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