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El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), solicita en este momento la privación definitiva del dominio sobre 24  bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados al comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo de la justicia) y su núcleo familiar.



La petición hecha a un juez de privación&nbsp; corresponde a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias de Mejía Tinoco, por nexos del alto jerarca policial con el lavado de activos, así como a seis productos financieros a nombre de su esposa Wendy María Castro y siete cuentas bancarias de su expareja Dennise Yamileth Morales.



La acusación se deriva a que de acuerdo a las investigaciones y a los análisis de ingresos realizados al jefe policial, no se justica más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, que era de cincuenta y cinco mil trecientos noventa y cinco con veintiún centavos (55,395.21).



Dentro de este Requerimiento Fiscal interpuesto por la UF – ADPOL figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.



Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la UF – ADPOL y practicada por agentes de la ATIC asignados a esa unidad, establece que entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.



Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca y de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).



Para realizar esta conducta y a partir de la designación del Comisionado como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI).



Además del comisionado, la acusación incluye y fueron capturados varios policías activos y depurados, entre ellos el subcomisionado José Elías Bustillo Carías.