"Nos solidarizamos con las 19 organizaciones gremiales de la empresa privada de Nicaragua perjudicadas por la determinación de cancelación de sus personerías jurídicas, en especial con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), cúpula empresarial de Nicaragua", indicó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) de Honduras en un comunicado.
El Cosep fue disuelta hoy por ley tras 32 años de existencia, en uno de los golpes más duros contra las cámaras empresariales que ha propinado el Gobierno de Daniel Ortega.
La disolución de la Asociación Cosep, creada el 26 de diciembre de 1991, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
La decisión "violenta la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva y el Convenio 144 sobre Consulta Tripartita, poniendo en precario los derechos fundamentales en Nicaragua", señaló el Cohep.
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El sector privado de Honduras aseguró que la libertad empresarial, la libertad de expresión y todas las demás libertades civiles y sociales, son "la base de la democracia y la apertura a la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico y social de la población".
El Cohep considera que la cancelación de la personalidad jurídica del Cosep "pone en peligro la institucionalidad gremial, la libertad de asociación y de representatividad en la República de Nicaragua, limitando así las condiciones para la atracción de inversiones y generación de empleo".
Junto al Cosep fueron disueltas otras 18 cámaras empresariales que pertenecen a esa cúpula patronal, entre ellas la Asociación Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), creada el 10 de octubre de 1995 y a la que pertenecen las empresas que extraen y venden oro, el principal producto de exportación.
Según Gobernación, las cámaras que estaban inscritas como organizaciones no gubernamentales (ONG) no completaron el proceso de convalidación de registro o presentaron inconsistencias en la información.
Entre otros, mencionaron variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes en cuentas, y que no reportaron detalle de ingresos y gastos.
