Honduras es tierra fértil para la corrupción. ¿A qué otra conclusión si no esa podemos arribar cuando revisamos los montos despilfarrados en subvenciones, compras fraccionadas en el Congreso Nacional; o cuando damos una mirada al historial de la partida confidencial del Poder Ejecutivo, entre una serie de actos de opacidad tan comunes en nuestro país?

Uno de los mayores fracasos del gobierno de Libertad y Refundación (Libre) es la ausencia de voluntad para la llegada de la Comisión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), el mecanismo de acompañamiento de la ONU para combatir la corrupción.

Ya se han cumplido más de tres años desde que la presidenta Xiomara Castro asumió el poder con el compromiso de facilitar la operación del organismo internacional con atribuciones para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.

Todo quedó resumido en puras palabras que se las llevó el viento, porque la CICIH no vendrá, pese a que es una justa demanda de los hondureños.

¡Cuánto rechazo han causado las expresiones de personajes del más alto nivel, a quienes se les da en llamar “el familión”, y cuánto repudio los conceptos de los funcionarios que destilan puro sectarismo político, porque aseguran que la ONU es la culpable de haber trabado la venida de la Comisión.

Un ministro que suele reaccionar con mucha obcecación volcó todos sus señalamientos irrespetuosos contra el exvocero de la fallida MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), Juan Jiménez Mayor, por el solo hecho de haber preguntado qué pasó con la CICIH.

En general, la respuesta del poder popular ha sido de confrontación, unas veces; y hasta irracional, en otras oportunidades, cuando los sectores rivales han reclamado por todos los obstáculos que se ha colocado a la lucha contra la podredumbre institucional.

Sectarismo político: no existe voluntad

No hay más explicación: no ha existido voluntad de parte del socialismo democrático de llevar a cabo una cruzada en contra de la deshonestidad en el ejercicio del poder y que se manifiesta en influencias, sobornos, defraudación o robo descarado de los bienes y fondos del Estado.

Hacemos memoria de cómo los líderes y dirigentes de Libre reclamaban con enjundia a la “narcodictadura” la instalación de un esquema que permitiera aplicar la ley a los corruptos.

Pero cuando Libre llegó a la Primera Magistratura, el discurso del poder del pueblo dio un giro hacia la verdadera pretensión del gobierno Castro Zelaya: mantener todas aquellas prácticas que han hecho de Honduras un país carcomido por la corrupción.

Por esta razón es que el Gobierno ha construido una “dura narrativa de descrédito” en menoscabo de las organizaciones de la sociedad civil y de las agrupaciones políticas y académicas que tienen una postura crítica hacia los desaguisados cometidos en la Administración Pública.

La corrupción tiene tierra fértil en Honduras. ¿Y qué salida tenemos si no hay determinación alguna en el más alto mando político para combatir los actos de corrupción entrelazados con el crimen organizado?

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