Honduras tiene una burocracia con un enorme y preocupante exceso de peso, una estructura salarial muy injusta y un déficit entre los ingresos y los gastos.

Las cifras son determinantes: Seis de cada diez lempiras del Presupuesto de la República van dirigidos al pago de sueldos y salarios a empleados del sector público y al servicio de la deuda interna y externa.

Ello significa que más de la mitad de los ingresos están dirigidos a alimentar una burocracia insaciable y a honrar una opresiva deuda pública que roza el 60 por ciento del Producto Interno Bruto.

El aparato estatal ha crecido de manera descomunal. Los hondureños cargan con al menos 200,000 empleados insertados en las actividades del Gobierno.

Se trata de un grupo de servidores públicos, en su mayoría con un desempeño mediocre, pero con un elevado costo para la población hondureña.

Ellos representan un sector privilegiado, mientras un segmento muy importante No tiene empleo o desempeñan trabajos en condiciones precarias.

Honduras no cuenta con leyes ni con normas que respalden una estructura salarial equitativa que esté en sintonía con la capacidad de las finanzas y con la realidad que vive el país.

Los críticos aseguran que es una bofetada para un país pobre, donde la mayoría no tiene empleo o se ha quedado sin su fuente de ingresos a causa de la emergencia, y donde una proporción apreciable de los empleados de sectores esenciales como salud y educación reciben sus sueldos y salarios en forma demorada.

La reducción del tamaño del Gobierno No es una prioridad para las actuales autoridades, ni siquiera en plena crisis provocada por el covid-19. En otros países, en cambio, Sí se han tomado las medidas que exige la realidad nacional.

En México las autoridades dispusieron un recorte del 25 por ciento de los salarios de los altos cargos y la supresión de diez Sub-secretarías de Estado y en Ecuador, se procedió a una reducción de los sueldos más elevados.

En Uruguay la planilla gubernamental descendió en 20 por ciento y en Brasil, el senado aprobó una ley que permite la disminución en la cantidad de dinero entregado a los burócratas.

En Honduras, los conocedores de las finanzas urgen que se trabaje en la readecuación de un aparato gubernamental eficiente en su desempeño y de una planta de servidores y colaboradores delgada.

Todo ello debe guardar relación con los “tiempos de finanzas maltrechas”, porque "gastar ciegamente los recursos sin saber qué parte puede ir a gasto y qué otra No, es igual a una pésima administración que luego se traduce en un castigo para la población necesitada".

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