El Ministerio Público confirmó este martes que seis personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, enfrentan procesos penales por simular ser víctimas de secuestro con el objetivo de obtener dinero de sus propias familias a cambio de un supuesto rescate.
Los acusados son los policías Ángel Anael Espino Zúniga y Orlin Israel Cárcamo Cálix. También Nilson Rolando Cálix, Reinerio Valeriano Avelar, José Antonio López López y Felipa Cantarero Ramos.
Todos están siendo procesados por el delito de simulación de infracción inexistente, según lo establece el artículo 529 del Código Penal.
¿Por qué inventaron estar secuestrados?
Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) a través de su Sección Contra el Delito de Secuestros, revelaron que los imputados montaron escenarios falsos de secuestro, realizando llamadas y enviando mensajes a sus parientes para pedir dinero como si fueran víctimas de estructuras criminales.
El seguimiento del caso estuvo a cargo de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que logró constatar mediante métodos técnicos y testimonios que ninguno de los secuestros fue real y que los supuestos “rescatados” en realidad se encontraban en resguardo voluntario.
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¿Qué dice el Código Penal sobre castigos por fingir secuestro?
La ley hondureña es clara: quien simula un delito o una víctima inexistente, causando que las autoridades movilicen recursos públicos para investigar un hecho falso, incurre en un delito que afecta directamente a la administración de justicia.
“Este tipo de acciones no solo engañan a las familias, sino que generan costos innecesarios al Estado y desvían los esfuerzos de seguridad”, advirtió un vocero del Ministerio Público.
Los implicados podrían enfrentar penas de seis meses a dos años de prisión, además de una multa de entre 100 y 300 días, si se confirma su culpabilidad, según lo establece el Código Penal de Honduras.
Este tipo de conductas, más allá del delito como tal, afectan la credibilidad del sistema de denuncias reales, ponen en riesgo a verdaderas víctimas y restan capacidad operativa a las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
