La Policía Nacional de Honduras informó en las últimas horas sobre la captura de un señor de 77 años, al que se le supone responsable de explotar sexualmente a menores con discapacidad en Sonaguera, Colón.

La operación la ejecutaron elementos asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), luego de labores de vigilancia y seguimiento.

Acusación en contra de persona de la tercera edad

De acuerdo con el reporte de las autoridades, a este señor de 77 años de edad se le supone responsable del delito de explotación sexual en perjuicio de menores con capacidades especiales.

Una vez requerido, lo llevaron hasta la estación policial en Tocoa, Colón, para levantar el informe y luego remitirlo ante la Fiscalía de Turno para continuar con el proceso que demanda la ley.

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Reacciones tras la detención

Luego de la detención, la noticia comenzó a circular en las redes sociales y las personas comenzaron a reaccionar, lamentando que una persona de tan avanzada edad se vea involucrada en estas situaciones.

Algunos citan:

"Bueno, ¿y qué tienen esos viejos sádicos? ¿Cómo que hay epidemia? Porque también agarraron a otro viejo que se propasó con la nieta. Háganlos conocer al diablo en calzonetas".

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"Definitivamente estamos en los últimos tiempos; hay que buscar más del Señor Jesús y orar por esta gente llena de maldad e interceder por los inocentes. Que el Señor nos guarde y nos libre de tanto mal".

"Vergüenza; en mi tiempo de mi infancia era alegría estar con las personas mayores; ahora es una vergüenza total, por fortuna no todos".

"Ojalá y así salgan muchos que conozco, ahí que andan haciendo lo mismo o cosa peor. No sé por qué la gente no tiene la valentía de denunciar a un perverso".

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Penas por explotación sexual

En Honduras, la explotación sexual está tipificada como un delito en el Código Penal. Cuando la víctima es una persona mayor de 18 años y la explotación se realiza mediante violencia, intimidación, engaño o cualquier medio que anule su voluntad, el responsable puede enfrentar una pena de cinco a ocho años de prisión, además de una multa.

Si la víctima es menor de 18 años o una persona con discapacidad que requiere especial protección, las sanciones son más severas.