Una decena de reos han muerto en circunstancias violentas en lo que va de este año en las cárceles de máxima seguridad.
De acuerdo con datos recabados por HRN, en Ilama, Santa Bárbara, cinco internos han perdido la vida y en Morocelí, El Paraíso, se han producido otros cinco eventos fatales.
Otro número representativo de privados de libertad también han sido objetivo de ataques mortales en la Penitenciaría Nacional, ubicada en Támara, Francisco Morazán.
Recién hace unos días, un pleito ocurrido en el centro carcelario de El Porvenir, Francisco Morazán, provocó que varios privados de libertad resultaran heridos; uno de ellos, finalmente perdió la vida en el Hospital escuela, donde era asistido.
Organismos de Derechos Humanos, expertos en el tema de seguridad e incluso delegados de la Organización de Naciones Unidas en Honduras, han exigido que todos estos casos sean investigados en profundidad.
Amplios segmentos de la opinión pública coinciden que las cárceles del país, particularmente las de máxima seguridad, siguen siendo una escena del crimen y el centro de trasiego de armas, drogas y dinero; además, establecimientos donde son violentadas las garantías esenciales.
Pese a que han sido invertidos mil millones de lempiras en la construcción de las cárceles de alta seguridad y otros 60 millones de lempiras han ido para el desarrollo de políticas de rehabilitación, el sistema penitenciario hondureño es una catedral del crimen.
Hasta finales de 2018, los datos emanados del sistema carcelario daban cuenta que la población tuvo un crecimiento del diez por ciento y también una elevación en el porcentaje de casos pendientes de ser sentenciados.
Rápidamente, el número de internos de los módulos de máxima seguridad se ha ampliado y, con ello, el peligro de los amotinamientos y las opciones para la planificación de hechos sangrientos, como en efecto ha sucedido.
En El Pozo I, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, permanecen casi dos mil reos considerados de la "peor laya", prácticamente el cien por ciento de la capacidad para la cual fue construida.
El Pozo II, situado en Morocelí, en el oriental departamento de El Paraíso, está ocupado por 1,300 reos, el total de su límite de albergue, mientras el centro de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, tiene un registro de 1,600 personas acusadas por diversos delitos graves. Los cupos en dicho establecimiento están a punto de quedar agotados.
Consumidas están, asimismo, las opciones de rehabilitación y de reinserción de los privados de libertad, no obstante que para esta finalidad han sido destinados no menos de 60 millones de lempiras.
