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El fiscal Luis Santos, quien está al frente de la UFERCO advirtió que será difícil librar la batalla contra la podredumbre, ya que  no contará con la asistencia técnica y financiera que sostenía a  la UFECIC.



         El Gobierno ha lanzado el Sistema por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Impunidad.



         Los más pesimistas aseguran que la UFERCO apenas investigará el uno por ciento de los expedientes de la corrupción, puesto que el 99 por ciento de tales es atribuida al Gobierno y, por tanto, quedarían engavetados.



Las expectativas alimentadas
alrededor de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de la Corrupción
(UFERCO), son muy elevadas. En la realidad, no es mucho lo que se puede
esperar.



Tal es lo que han reconocido
los propios integrantes de la dependencia que fue creada a finales de la semana
anterior para sustituir a la Unidad Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción
(UFECIC).



El
fiscal Luis Santos, quien está al frente de la nueva Unidad del Ministerio
Público, advirtió que será difícil librar la batalla contra la podredumbre, ya
que no contará con la asistencia técnica y financiera que sostenía a la UFECIC
durante el mandato de la MACCIH.



La
conclusión de la mayor parte de sectores de opinión es que no se obtendrán
resultados contundentes. En el país es promovido un discurso relativo a la
lucha contra la deshonestidad; sin embargo, la realidad es muy diferente a las
palabras.



El
acompañamiento internacional y el apoyo sin cortapisas para llevar a cabo un
trabajo integral de investigación son esenciales para el éxito de UFERCO. 



Sin
estos componentes, la nueva institución está condenada al fracaso en la cruzada
dirigida a identificar, perseguir y llevar a la justicia a los corruptos,
señalaron los profesionales del Derecho consultados por HRN.



En
teoría existe una plataforma para fortalecer la batalla a favor de la
transparencia: Ocho centenares de fiscales especializados en casos de
corrupción, los tribunales de justicia con competencia en esa área, el Tribunal
Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública.



En
términos reales, toda ese entarimado no ha funcionado y no se prevé que dé
frutos sin la esencial voluntad política y activismo crítico-social para
truncar los propósitos de los "inmorales" que se han apropiado de los
bienes públicos.



Las
trabas colocadas a los movimientos que se han llevado a cabo a favor de la
transparencia se han traducido en una deliberada falta de capacidad para
ejecutar inspecciones, allanamientos, registros y, en suma, reunir y presentar
las evidencias requeridas para procesar a los culpables.



Para
doblegar a los grupos corruptos son necesarias medidas extraordinarias, por
encima de la declaración que señala que la UFERCO tendrá el propósito de liderar la Política contra la Criminalidad
y adaptar la estructura orgánica del Ministerio Público a los retos de una
nueva estrategia de combate a la impunidad.



La Unidad Especial también
cumplirá con el objetivo de la investigación, la aplicación de la ley y el
enjuiciamiento de los responsables de los delitos relacionados con la
corrupción pública de alto impacto.



Los más pesimistas aseguran que
la UFERCO apenas investigará el uno por ciento de los expedientes de la
corrupción, puesto que el 99 por ciento de tales es atribuida al Gobierno y,
por tanto, quedarían engavetados.



En contraposición a esa línea
de pensamiento, el
mandatario, Juan Orlando Hernández, ha destacado el inicio de los trabajos
enmarcados en el Sistema por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad, con la participación de los tres Poderes del Estado, la Procuraduría
y el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Sin herramientas suficientes inician labores los agentes de la "UFERCO"