Lo que comenzó como una denuncia de secuestro movilizó a las autoridades hondureñas durante la madrugada de este domingo, pero horas después se descubrió que todo se trataba de una farsa planificada por la propia víctima, lo que llevó a su aprehensión.
Sindel Nicol Mejía Girón, de 26 años, fue capturada por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) luego de comprobarse que había fingido su propio secuestro para exigir 10,000 dólares (más de 262 mil lempiras) a un militar estadounidense con quien mantenía una relación sentimental.
Sindel Nicol Mejía: así planeó y se llevó a cabo el "secuestro"
Según el informe policial, el supuesto rapto fue reportado alrededor de las 2:15 de la madrugada, cuando familiares alertaron que la joven había sido interceptada por desconocidos en el barrio La Suyapa, municipio de Comayagua.
Sin embargo, tras un operativo de búsqueda desplegado por los agentes de la UNAS, Mejía Girón fue encontrada sana y salva cerca de su vivienda.
Durante el interrogatorio, la mujer admitió haber simulado el secuestro junto a un cómplice con el objetivo de obtener dinero para pagar deudas personales.
Militar estadounidense iba a ser estafado
Las autoridades confirmaron que la exigencia económica estaba dirigida a un militar estadounidense destacado en la Base Aérea Soto Cano (Palmerola), con quien la mujer sostenía encuentros frecuentes.
Tanto Mejía Girón como su cómplice fueron puestos a disposición del Ministerio Público, acusados del delito de simulación de infracción inexistente, conforme al artículo 529 del Código Penal hondureño.
La Policía Nacional reiteró que este tipo de hechos no solo genera un gasto de recursos públicos, sino que también entorpece las investigaciones reales de secuestros y delitos graves en el país.
Condena por fingir un secuestro en Honduras
El Código Penal de Honduras, en su artículo 529, sanciona a toda persona que simule ser víctima o responsable de un delito inexistente. La norma establece:
“Quien simula ser responsable o víctima de una infracción penal, o denuncia una inexistente provocando actuaciones procesales ante un funcionario público que, por razón de su cargo, tenga la obligación de investigarla o perseguirla, será castigado con pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días", cita el código.
Esta disposición busca evitar el uso indebido de los recursos judiciales y policiales, así como sancionar las denuncias falsas o montajes delictivos que entorpecen las investigaciones reales y afectan la credibilidad de las instituciones de seguridad y justicia.
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