El Sistema de Emergencia 911 está paralizado. Y no solo esto, sino intervenido y desmontado en algunos de sus procesos operativos.
El sistema de grabación de videos ha sido suspendido y la red de atención de llamadas funciona parcialmente, debido a que la empresa externa que brinda soporte técnico interrumpió el servicio.
En un comunicado emitido con retardo y, como es habitual, con señalamientos de culpa a la gestión anterior, los encargados del Sistema 911 justificaron que el integrador o intermediario ha desactivado el soporte tecnológico de la red de cámaras, porque no ha sido posible llegar a acuerdos sobre la deuda acumulada por la prestación del servicio.
La información generada por la misma institución apunta que el gobierno pasado dejó suscrito un contrato por 150 millones de dólares y el compromiso de un pago mensual de un millón 800,000 dólares por el mantenimiento de la red que, a su vez, es tomada en renta a un servidor primario.
¿Es exagerado decir que estamos a merced de la delincuencia, sin registro confiable de comunicaciones ni archivo de escenas del crimen?
No sabemos qué es lo que va a pasar ni cómo será resuelto el impasse en todas sus relaciones. Apenas se nos ha comunicado a los hondureños que se ha comenzado a trabajar en la construcción de una plataforma “del pueblo” para la atención de situaciones de emergencia.
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Y de la propia voz del director de la Policía Nacional, comisionado Gustavo Sánchez, hemos escuchado que el Sistema de Emergencia volverá a ser manejado por esa institución del orden público, tal y como lo establecen las leyes y así como funciona en los demás países del continente.
Es increíble que los hondureños no tengamos un sistema de procesamiento y análisis de datos propio que esté manejado con recursos tecnológicos nacionales.
Porque la información obtenida a través de las llamadas telefónicas y de las imágenes almacenadas en la red de cámaras, es útil para conocer con precisión cómo se movilizan los criminales y, a su vez, comprender los patrones de operación de los malhechores para trazar una estrategia de investigación, intervención y persecución del delito.
Además de que el servicio del proveedor externo resulta muy costoso, es un peligro que haya sido entregado a particulares la plataforma de recepción, transmisión y administración de datos del 911.
Nos preocupa sobre manera que quienes llevan las riendas del país sigan empeñados en el juego de llamar “bueno” a lo que antes era “malo” y que nos muestren como válida esa inversión en el orden de las cosas, especialmente cuando se trata del manejo de contratos y concesiones que van en menoscabo de los intereses del país.
Así ocurre con la administración del Sistema de Emergencia Nacional, hoy día desarticulado, intervenido y cedido al control de un intermediario particular, a pesar de ser un componente importante de la estrategia de seguridad nacional.
