Un juez con jurisdicción nacional en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó este lunes el sobreseimiento definitivo a favor de cinco exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes enfrentaban acusaciones por el delito de prevaricato judicial.
Los beneficiados con esta resolución del juez son los exmagistrados Lidia Álvarez, Reina Hércules, Jorge Zelaya Saldaña, Edwin Ortez y Jorge Avilio Serrano, quienes integraron la Sala Constitucional de la CSJ durante el período 2016-2023.
El caso: denuncias de supuestas resoluciones arbitrarias
El Ministerio Público (MP) había señalado a los exmagistrados de emitir resoluciones arbitrarias en un caso de corrupción relacionado con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Sindicato de Docentes (Sedunah).
Según las investigaciones, más de 80 millones de lempiras habrían sido desviados mediante órdenes judiciales que permitieron la transferencia de fondos embargados desde cuentas de la UNAH hacia cuentas personales.
No obstante, la portavoz de los juzgados de Tegucigalpa, Bárbara Castillo, informó a noticiero Noticieros Hoy Mismo, de TSi, que durante la audiencia se demostró que los exmagistrados no emitieron resoluciones en favor del Sedunah.
Castillo explicó que el fallo cuestionado fue emitido el 28 de julio de 2015 por otros magistrados de la Sala Constitucional pertenecientes al período 2009-2016.
Posición del Ministerio Público
Pese a la resolución favorable a los exmagistrados de la CSJ por parte del juez, el MP manifestó su desacuerdo con el sobreseimiento dictado.
La portavoz confirmó que el ente acusador del Estado cuenta con un plazo de tres días para interponer un recurso de apelación. En caso de presentarse, la Corte de Apelaciones decidirá si confirma o revoca la decisión del juez.
Otros implicados
Este caso también involucra al juez ejecutor Germán Ubaldo Flores Matamoros y al expresidente del Sedunah, Carlos Manuel Moreno Lizardo. Ambos permanecen bajo prisión preventiva desde diciembre del año pasado, señalados por su participación en el presunto desvío de los fondos.
Sobre el delito de prevaricato
El prevaricato, según el Código Penal de Honduras, es cometido cuando un juez, autoridad o servidor público emite una resolución arbitraria y contraria a la ley a sabiendas de su injusticia.
El artículo 498 establece penas de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que van desde cinco a diez años si el acto fue realizado de manera intencionada.
Si se demuestra imprudencia grave, la sanción se reduce a una inhabilitación de tres a cinco años.
