Un juez de letras penal dictó un sobreseimiento provisional a favor de Steve Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. La medida judicial beneficia también a otros implicados en la causa penal que interpuso la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público por presuntos delitos de fraude y desfalco en la comuna sampedrana.
A raíz de esta resolución, el abogado defensor Marlon Duarte confirmó la noticia y cuestionó con severidad los argumentos técnicos del ente acusador del Estado.
Según el profesional del derecho, en entrevista para La Tarde, de HRN y TSi, la Fiscalía no logró estructurar bases mínimas ni indicios racionales para sostener el requerimiento fiscal.
Acusación 'sin sustento político': defensa
Por consiguiente, la judicatura otorgó la libertad condicional de cargos al no detectar indicios sólidos que fundamentaran la tesis de los fiscales contra Steve Fajardo.
El equipo legal reiteró que el expediente responde únicamente a intereses ajenos a la justicia ordinaria.
"Se pudo demostrar que esta era una situación más de tintes políticos que de otros aspectos de corrupción. No pudo la Fiscalía, porque no había cómo probar de manera indiciaria siquiera, que hubiese existido un contubernio", manifestó Duarte de manera contundente.
Asimismo, el togado desvirtuó los señalamientos de la UNAF sobre el supuesto uso de "empresas de maletín".
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Mediante pruebas documentales, la defensa acreditó que los contratistas operan legalmente desde hace más de tres décadas y participan en proyectos de gran envergadura como el aeropuerto de Palmerola.
"Demostramos la existencia de más de tres décadas de cada una de las empresas. No hubo ningún desfalco, no hubo ningún depósito irregular", añadió el apoderado legal.
Plazos legales y vigencia del fallo
Por otro lado, la normativa procesal penal establece que el Ministerio Público retiene la facultad de reabrir el expediente criminal durante un plazo de cinco años.
Para ello, los fiscales deberán recopilar nuevos elementos de convicción en el caso de Steve Fajardo.
A pesar de esta ventana legal, Duarte se mostró optimista y ratificó que el estricto cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado blindará permanentemente a sus representados hasta extinguir el caso por completo.
La acusación contra Steve Fajardo
Basado en los reportes de los medios de comunicación indicados, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público acusó a Steve Fajardo debido a presuntos actos de corrupción relacionados con fraude y desfalco financiero en perjuicio de las arcas de la alcaldía municipal de San Pedro Sula.
Específicamente, el ente acusador del Estado le imputaba haber participado en un supuesto contubernio mediante la adjudicación de contratos públicos a corporaciones que, según la tesis inicial de la Fiscalía, eran "empresas de maletín" o empresas fantasmas utilizadas como fachada para desviar fondos de la comuna sampedrana.
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