El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos sugirió a la presidenta Xiomara Castro dialogar con su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, para que revoque la nacionalidad nicaragüense del exministro de la Presidencia Ebal Díaz Lupián (2014-2022)y así facilitar su extradición a Honduras.

Esta propuesta surge después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra Díaz Lupián por el fraude de más de 294 millones de lempiras en el proyecto Residencial Morazán, que incluye el de las casas contenedores.

Para Barrientos, el requerimiento contra Díaz Lupián fue tardío y sospechoso. “Las leyes nicaragüenses no permiten la extradición de sus ciudadanos. Todo esto me parece un circo”, afirmó.

“El camino adecuado sería instar a la presidenta Xiomara Castro, debido a su relación socialista e izquierdista con el gobierno nicaragüense, para que solicite la revocación de la ciudadanía de Ebal Díaz. La ciudadanía puede ser revocada”, explicó Barrientos.

Según el abogado, Nicaragua tendría que reformar su Constitución, similar a como lo hizo Honduras para extraditar a hondureños a Estados Unidos.

Sin embargo, Barrientos considera que “no va a acceder a ello, mientras estén los Ortega”.

Barrientos añadió que “la solicitud se puede realizar mediante un requerimiento de extradición y un rogatorio para ver si tienen la voluntad de quitarle la nacionalidad. Si no hacen eso, Ebal no será extraditado a menos que salga de Nicaragua y la Interpol lo capture”.

Sin embargo, consideró que “ese hombre (Ebal Díaz) no es tonto para salir de su jaula de oro y que lo capturen”.

El abogado concluyó que sin voluntad política, nunca atraerán al otrora hombre fuerte en el gobierno de Juan Orlando Hernández a Honduras para que responda ante las autoridades.

Nacionalización nicaragüense

En junio de 2021, el régimen de Daniel Ortega nacionalizó a los hondureños Ebal Díaz y Ricardo Cardona, adonde huyeron tras la captura del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años y cinco años con libertad condicional por narcotráfico.