La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Supervisión General, informó este sábado que encontró irregularidades en el Circuito del Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción tras la inspección general que fue ordenada por su presidenta, Rebeca Ráquel Obando, el sábado 17 de agosto.
Según informó el Poder Judicial a través de un comunicado, dicha inspección se llevó a cabo hasta el viernes 23 de agosto y, en ella, la Supervisión General revisó 256 de los 307 expedientes judiciales de carga en lo que va del año.
De estos expedientes, 127 son contentivos de requerimientos fiscales, 90 de diligencias previas y 39 de causas remitidas o acumuladas al Tribunal de Sentencia, la Corte de Apelaciones Penal y Juzgados de Ejecución.
Entre las irregularidades encontradas por la Supervisión General se encuentran reprogramaciones injustificadas de audiencias preliminares en tres causas judiciales de delitos relacionados con tráfico de drogas, la tenencia ilegal de armas de uso prohibido, y la asociación para delinquir y contrabando.
Además, se encontraron irregularidades en audiencias de revisión de medidas, en las cuales se otorgó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y la garantía hipotecaria a favor del Estado.
Sin embargo, la CSJ no logró constatar que se haya inscrito el respectivo gravamen en el Instituto de la Propiedad (IP) en causas por delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y asesinato.
Por otro lado, este Poder del Estado adelantó que la próxima semana continuarán con la inspección de los 52 expedientes judiciales que quedaron pendientes del año en curso y los correspondientes al 2023.
Inspección de Supervisión General
Ráquel Obando ordenó a Supervisión General del Poder Judicial una inmediata intervención en el circuito en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, tras el caso del juez Marco Vallecillo, quien fungía como coordinador del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, que es acusado de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Por lo anterior, un juez del Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada ordenó este sábado prisión preventiva para Vallecillo y el abogado Nelson Omar Sierra, el otro acusado por dicho delito.
En tanto, Reinaldo Leiva Suazo, también abogado y tercer imputado, todavía no ha sido detenido por las autoridades.
