Un fallo judicial en Estados Unidos abrió un respiro inmediato para miles de hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), luego de que una jueza federal bloqueara la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a este programa migratorio. Según información del medio Reuters, la medida evita, por ahora, la deportación de unas 72,000 personas originarias de Honduras que residen legalmente en territorio estadounidense bajo esta figura. Es así que la jueza de distrito Trina Thompson, con sede en San Francisco, determinó este miércoles 31 de diciembre, cerrando 2025, que el gobierno no evaluó de manera adecuada las condiciones actuales en Honduras, Nepal y Nicaragua antes de anunciar la cancelación del TPS para unos 89,000 migrantes en total. En consecuencia, la magistrada ordenó suspender la terminación del TPS mientras avanza el litigio. De tal manera, para los hondureños beneficiados, el fallo representa continuidad en el derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, además de estabilidad para sus familias. ¿En qué se basó la juez para el 'bloqueo'? Conforme a lo informado por Reuters, Thompson subrayó que las decisiones administrativas ignoraron factores que dificultan el retorno seguro de estas personas a sus países de origen, como la inseguridad, la fragilidad económica y los efectos persistentes de desastres naturales. Además, la jueza citó declaraciones públicas del presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al considerar que describen a los inmigrantes como criminales y una carga para la sociedad. A su juicio, ese lenguaje refuerza estereotipos discriminatorios y sugiere que las cancelaciones del TPS estuvieron motivadas por animadversión racial. Vea también: ¿Dónde ya es Año Nuevo 2026?: Los primeros países en festejarlo Argumentos legales y contexto político En su resolución, Thompson concluyó que la Alianza Nacional TPS, organización que representa a los beneficiarios del programa, presentó argumentos plausibles de que las terminaciones respondían a hostilidad racial más que a un análisis técnico de las condiciones en cada país. Según Reuters, la jueza, designada por el expresidente demócrata Joe Biden, señaló que este enfoque contradice los principios legales que rigen el TPS. Fallos divididos en los tribunales El Gobierno de Donald Trump ha impulsado la cancelación de la mayoría de los programas TPS como parte de una estrategia más amplia para restringir la inmigración. Aunque en octubre la Corte Suprema permitió avanzar con la eliminación del TPS para unos 300,000 venezolanos, tribunales inferiores han frenado otras medidas similares. Esta misma semana, un juez federal en Boston bloqueó la cancelación del TPS para migrantes de Sudán del Sur. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el programa actualmente protege a unos 72,000 hondureños, 13,000 nepaleses y 4,000 nicaragüenses, quienes ahora mantienen su estatus legal gracias al fallo judicial. Sobre el TPS para los hondureños El TPS para hondureños está vigente desde 1999, tras el impacto devastador del huracán Mitch en el país. Este Estatus de Protección Temporal ofrece alivio frente a la deportación y permisos de trabajo a personas que ya se encuentran en Estados Unidos cuando sus países atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias. Al respecto, la ley otorga a la secretaria de Seguridad Nacional la facultad de conceder, extender o cancelar estas designaciones. Su continuidad permite a miles de familias trabajar legalmente, enviar remesas y evitar separaciones forzadas mientras persisten condiciones adversas en Honduras. Siga leyendo: Hondureños recibirán 2026 con aumento a la tarifa de energía eléctrica