La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, California, en Estados Unidos, reiteró este miércoles la cancelación del estatus de protección temporal (TPS, en inglés), para unos 60,000 beneficiarios, entre ellos, hondureños, nicaragüenses y nepalís.
Dado lo anterior, el TPS para los hondureños y amparados de otros países terminará el 8 de septiembre próximo, es decir, dentro de menos de un mes.
Esta decisión, tomada por un panel de tres jueces, le dio el "tiro de gracia" a las aspiraciones de los connacionales para permanecer en el país de América del Norte bajo dicho programa de protección.
Esta decisión se dio tres semanas después de que el tribunal de la Corte Federal del Distrito Norte de California había decidido suspender la cancelación del programa, el cual terminaría el 18 de noviembre.
Lo anterior preservaba temporalmente los derechos migratorios de los beneficiarios mientras se resolvía el fondo del caso en una audiencia que estaba programada para el 18 de noviembre de 2025.
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Sobre la cancelación del TPS
La decisión de la Corte de Apelaciones se remonta al 31 de julio de 2025, cuando un tribunal de distrito federal ordenó posponer las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pondrían fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de nepalíes, hondureños y nicaragüenses, al menos hasta la audiencia sobre el fondo programada para el 18 de noviembre.
En su fallo, la jueza Trina Thompson resaltó que los demandantes buscan simplemente "la libertad de vivir sin miedo y el sueño americano", según información del medio Aclu Southern California.
Organizaciones de derechos civiles y demandantes expresaron su preocupación por el impacto inmediato de la decisión judicial.
Dado esto, los abogados de los demandantes denunciaron que la decisión del tribunal carece de fundamento legal y pone en riesgo de detención y deportación a decenas de miles de personas.
Ahilan Arulanantham, de UCLA, sostuvo que el fallo permite una “apropiación de poder” por parte del gobierno, mientras que la abogada Jessica Bansal advirtió que se expone a más de 40,000 hijos ciudadanos estadounidenses a una separación familiar forzosa.
Al no emitirse una nueva orden judicial, los titulares de TPS hondureños y nicaragüenses perderán su estatus legal el 8 de septiembre.
Algunos beneficiarios recalcaron que sus vidas están completamente arraigadas en Estados Unidos y anunciaron que continuarán luchando por una protección permanente y contra las medidas que consideran crueles e injustas.
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