La escena trágica en la cárcel de Tela, Atlántida, que fue saldada con 18 muertos y casi una veintena de heridos, reafirma que el sistema penitenciario "tocó fondo".
En esos recintos se perdió la gobernabilidad y se convirtieron en terrenos donde fluye la sangre, donde se violentan los derechos humanos y donde los mismos reos son los que marcan el orden del día.
El derramamiento de sangre no puede ocurrir más en los centros penitenciarios del país, a criterio de representantes de organismos de Derechos Humanos.
Expertos en criminología demandaron el desarrollo de una radiografía profunda del personal asignado a los puestos de control de los centros penitenciarios, porque -según condenaron- "es inconcebible" que se dé vía libre al ingreso de armas y de drogas.
Conocedores de la materia coinciden en que mientras no se haga nada para terminar con el problema del hacinamiento carcelario y, en general, reducir los índices de inseguridad, los presidios seguirán siendo "horrendas escenas del crimen".
En el sistema penitenciario todo se salió de control. Cerca de veinte privados de libertad han sido asesinados solamente en las cárceles de máxima seguridad en los últimos meses.
Los Pozos, como se les dio en llamar a los módulos para los reclusos más peligrosos, ya fueron vulnerados y su gobernabilidad tomada por los mismos grupos criminales.
Está más que comprobada la ineficiencia de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y el total fracaso de las fuerzas élite conformadas para intervenir particularmente los recintos ubicados en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
Apenas el fin de semana pasado, cinco internos del Pozo II en la zona oriental del país, fueron ultimados a balas, un hecho que ha venido a derramar más sangre y a demostrar que la crisis penitenciaria llegó a su extremo. Ya colapsó.
El sistema de reclusión ha sido declarado en emergencia, debido a la anarquía predominante y a la frecuencia con que se producen los escenas violentas. ¿Se pueden esperar resultados o, al final, todo quedará reducido a más palabras y menos acciones?
El ingreso de drogas y de armas es de "curso corriente" en los establecimientos carcelarios, al grado que -de acuerdo con versiones que han trascendido- las redes criminales realizan pagos de hasta medio millón para el trasiego de dispositivos de fuego y municiones.
En medio de este caos penitenciario, se resalta la sobrepoblación de procesados y de condenados. En los últimos dos años, el número de presidiarios se ha incrementado en trece por ciento en promedio.
Este conglomerado pasó de 19,000 en 2017 a 21,500 en 2019. Los reportes subrayan que la mayor parte de los inquilinos, acusados por delitos graves, están concentrados en las cárceles de Támara y El Porvenir, Francisco Morazán; Ilama, Santa Bárbara; y Morocelí, El Paraíso.
Las cárceles de Honduras, especialmente las de vigilancia extrema, se afianzaron como centros de tráfico de drogas y de armas y de planificación y consumación de asesinatos selectivos.
