La problemática de la extorsión en el sector transporte de Honduras alcanza niveles críticos. Según el dirigente del transporte Jorge Lanza, las bandas criminales no solo continúan exigiendo pagos regulares, sino que ahora piden un “aguinaldo” adicional durante las festividades de fin de año, intensificando la carga económica para los transportistas y sus empleados. Extorsión sin control: Una problemática de larga data En una entrevista con el noticiero Hoy Mismo de TSi, Jorge Lanza describió el impacto que la extorsión tiene sobre el sector. “La situación que vive el transporte viene desde años padeciendo este flagelo tan horrible, donde uno no tiene paz”, señaló. Según Lanza, los transportistas se ven obligados a pagar sumas exorbitantes para garantizar su seguridad y la de sus empleados. “El problema es que ya no se sabe ni a quién se le paga. Han surgido múltiples grupos que extorsionan, y aunque algunos han sido identificados como las pandillas 18 y la MS-13, las demandas persisten. Para proteger nuestras vidas, tenemos que acceder a sus exigencias”, explicó Lanza. El dirigente reveló que los extorsionadores solicitan pagos adicionales durante festividades como Semana Santa y Navidad, argumentando que son para cubrir “pescados, tamales o vacaciones”. Cifras alarmantes y una falta de resultados claros Según estimaciones de Lanza, el monto total de dinero entregado a las bandas criminales es entre 250 y 300 millones de lempiras mensuales en todo el país. Sin embargo, pese a las capturas de supuestos extorsionadores por parte de las autoridades, los transportistas aseguran que el dinero nunca es recuperado. “No se sabe a dónde va todo ese dinero, ni quiénes son los actores intelectuales detrás de estas operaciones. Hemos pedido que el dinero incautado sea utilizado para renovar la flota de transporte y adquirir herramientas tecnológicas para la seguridad, pero no hemos recibido respuesta”, expresó. La falta de una policía investigativa eficaz Lanza también criticó la ineficiencia de las autoridades para abordar la raíz del problema. Señaló la falta de una policía investigativa capaz de desarticular las redes de extorsión y subrayó que la impunidad sigue siendo un factor determinante. “Ya hay más de 3,000 muertes en el área del transporte relacionadas con este problema. Las autoridades han permitido que esta situación crezca de manera desmedida, y ahora parece incontrolable”, afirmó. El dirigente hizo un llamado urgente al gobierno y a las fuerzas de seguridad para implementar estrategias efectivas que permitan frenar este flagelo, garantizando tanto la seguridad como la viabilidad del sector transporte.