Tres mujeres, acusadas por estafas millonarias en billeteras digitales, fueron capturadas por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en el marco de una operación dirigida contra una red de extorsión vinculada a la Pandilla Barrio 18 en la colonia Ciudad España, del Distrito Central.
Según investigaciones del ente policial, las detenidas desempeñaban roles clave dentro de una estructura criminal que utilizaba plataformas digitales y billeteras electrónicas para recibir pagos ilegales.
Dichos llanamientos se ejecutaron con órdenes judiciales y dieron cumplimiento a varias órdenes de captura emitidas por las autoridades competentes.
Esta red criminal, considerada altamente organizada, habría movilizado millonarias sumas de dinero a través de mecanismos digitales, lo que representa un nuevo patrón en las prácticas extorsivas, según Dipampco.
Además de la captura de las tres mujeres por las millonarias estafas, durante los operativos, los agentes decomisaron evidencia crucial para el avance del caso, incluyendo teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y documentación.
Todo este material será sometido a análisis forense con el objetivo de fortalecer el proceso judicial en curso y ampliar el círculo de responsables.
Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado a cuanto ascendería el valor de las estafas que habrían perpetrado las imputadas.
Las penas que enfrentan por extorsión
Si las tres mujeres acusadas por las estafas son halladas culpables por el delito de extorsión, el Código Penal hondureño establece una pena de 10 a 15 años de prisión, además de una multa de 500 a 1,000 días.
La sanción aplica a quienes, con violencia o intimidación, obligan a otro a realizar u omitir actos en perjuicio de su patrimonio.
Las penas pueden aumentar si se determina que hubo uso de fuerza física o amenazas graves durante la comisión del delito, ya que el artículo 373 contempla agravantes por estos elementos.
En casos extremos, si como consecuencia directa de la extorsión se llegara a provocar la muerte de la víctima o de personas allegadas, la ley contempla pena de prisión perpetua, reflejando la severidad con que se sanciona este tipo de crimen en el país.
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