La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó este lunes un requerimiento fiscal contra 11 personas, entre ellos exfuncionarios del Fondo Vial y una exdiputada suplente del Partido Nacional de Honduras, por su presunta participación en un millonario fraude al Estado.
Luis Javier Santos, titular de la Uferco, detalló que los acusados están vinculados al otorgamiento fraudulento de contratos a la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar), relacionada con el cartel de "Los Cachiros", para labores de mantenimiento y supervisión de la red vial en Trujillo, Colón.
"Los contratos se otorgaron de manera fraudulenta", aseguró Santos, tras presentar las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según el fiscal, el fraude asciende a -al menos- 32 millones de lempiras y ocurrió entre los años 2012 y 2013, en el gobierno de Porfirio Lobo.
¿Quiénes son los acusados del fraude millonario?
Entre los imputados se encuentran Hugo Alfredo Ardón Soriano, Hugo Edgardo Álvarez Martínez, José Efraín Peñalba Lizardo, Walter Noé Maldonado Maldonado, Luis Armando Ortiz, Danilo Cervantes Suazo y Juan Carlos Aguilar Mazonni, todos exfuncionarios del Fondo Vial.
También se acusó a Devis Leonel Rivera Maradiaga, Edgardo Pérez Martínez, Luis Manuel Turcios Galeas, Efraín de Jesús Maradiaga Turcios y José Manuel Aguilar Matute, vinculados a la empresa beneficiada.
Además, Santos reveló que la investigación incluye pruebas documentales, entre ellas correos electrónicos donde se solicitan sobornos para altos personajes políticos, incluida una actual funcionaria del Congreso Nacional.
Por su parte, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, recordó que la semana pasada también se presentó un requerimiento fiscal contra más de 20 personas, la mayoría exfuncionarios, acusados de diversos delitos penales.
Asimismo, en días recientes, el abogado Hermes Ramírez anticipó nuevas acciones legales contra exfuncionarios del área de salud, en las que podrían verse involucrados diputados nacionalistas en ejercicio.
El Ministerio Público apuntó que continúan con las investigaciones para desmantelar las redes de corrupción que operaron durante administraciones pasadas y que, según las pesquisas, desviaron fondos públicos en beneficio de intereses particulares.
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