CONTÁCTENOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

PROGRAMAS

NACIONALES

NEGOCIOS Y FINANZAS

TENDENCIAS

INTERNACIONALES

DEPORTES

PROGRAMACIÓN

HRN LIVE

La decisión fue tomada por el magistrado Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que aceptó un pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada, señaló el Poder Judicial en Twitter.



"La medida tiene la finalidad de que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones informen a la indicada Fiscalía de la titularidad y el tráfico de llamadas (entrantes y salientes) con fecha, hora y tiempo de duración, del 2 al 16 de diciembre del 2022", remarcó la información.



Checkley "dispuso que la ejecución de la medida por el Ministerio Público será única y exclusivamente, bajo responsabilidad funcional, para los fines de la investigación seguida al exmandatario por el delito de rebelión".



El magistrado tomó esta decisión un día después de que Castillo asegurase que fue víctima de "un complot" por el que ha sido arrestado, al intervenir virtualmente, desde la cárcel en la que cumple 18 meses de prisión preventiva, en una audiencia en la que Checkley analizó una tutela de derechos (recurso de amparo) presentada por su defensa.



"Estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz de este Congreso y del Gobierno de facto. Ha habido todo un plan, un complot", afirmó el exmandatario, antes de agregar que él no está detenido, sino secuestrado.



De inmediato, Checkley le recordó que él está recluido en virtud de una orden de prisión preventiva que ha sido ratificada por las diferentes instancias de la Justicia de su país.



Al igual que en otras ocasiones, Castillo sostuvo que su Gobierno fue el primero en la historia del país que se negó a someterse "a los intereses de ciertos grupos de poder" y "no le dio a la prensa lo que la prensa le pidió", aunque no detalló en qué consistió ese reclamo de los medios.



Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre pasado en una cárcel de Lima en la que también están recluidos los expresidentes Alberto Fujimori por una condena de 25 años y Alejandro Toledo, quien es procesado por un presunto lavado de activos.



El exmandatario izquierdista fue arrestado el pasado 7 de diciembre, después de anunciar que iba a cerrar el Congreso, intervenir todas las instituciones del sistema de Justicia y conformar un Ejecutivo de emergencia para gobernar por decreto.



Tras su mensaje, que fue rechazado por todas las instituciones del país y calificado mayoritariamente como golpista, el Congreso lo destituyó y la vicepresidenta Dina Boluarte fue nombrada jefa de Estado por sucesión constitucional.