Debido a la destrucción de las reservas forestales y a la intervención de áreas de bosque donde son ejecutados proyectos habitacionales, las fuentes de agua se han agotan rápidamente.
Esto hace que el acceso al agua sea cada vez más restringido y que los patrones de lluvia presenten profundas irregularidades. Los estudios de organismos especializados revelan que un millón y medio de personas en el país no tienen agua potable.
Existe un precario abastecimiento del vital líquido, mientras las cuencas se van secando poco a poco. Los expertos aducen que las causas principales están asociadas con los daños irreversibles a los recursos naturales, la falta de planes de manejo, la quema del bosque sin control y la mala gestión de los proyectos de construcción.
Los escenarios de mayor destrucción se presentan en la capital y en San Pedro Sula, donde las reacciones de la población no se han hecho esperar. Se han pronunciado en contra del levantamiento de obras residenciales en regiones forestales y de abastecimiento de agua, ante las calamidades que está dejando el cambio climático.
En el Distrito Central, las autoridades del gobierno local han tenido que suspender la ejecución del proyecto Bosques de Santa María y convocar a los sectores involucrados a un diálogo.
El lunes, diversos grupos defensores del ambiente y habitantes de El Hatillo, El Chimbo y zonas aledañas, llevaron a efecto jornadas intensas de presión contra dichas obras por considerar que las mismas desembocarán en graves daños en la superficie de amortiguamiento de La Tigra.
Una experiencia similar se ha vivido en la región norte del país. En abril de este año, se denunció que un decreto gubernamental que libera las áreas protegidas de Honduras pone en peligro la reserva de El Merendón, la fuente de agua de oxígeno más importante de San Pedro Sula y sus alrededores.
En marzo de 2019, el Congreso Nacional conoció un proyecto orientado a que el Instituto de Conservación Forestal y la Alcaldía de San Pedro Sula, Cortés, llevaran a cabo un proceso de saneamiento de El Merendón.
Y es que en enero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta un decreto que excluyó varios sitios de la reserva natural, lo que abrió paso a asentamientos y actividades industriales que dañan su biodiversidad.
En 2015, la Fiscalía emprendió acciones tendientes a cancelar los proyectos residenciales levantados en el sitio por su alto impacto sin el respaldo de un plan de gestión y de un manual de evaluación y de control ambiental.
Los recursos de agua, suelo y bosque están en proceso de acelerada extinción. Esta catastrófica realidad pone en vilo a más de nueve millones de hondureños. Todo pasa por la indiferencia con que ha sido observado el cambio climático y por la falta de consciencia frente a la destrucción del ambiente.
