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Como ya se ha
informado profusamente, el Congreso Nacional aprobó una nueva extensión de la
“vacatio legis” del Código Penal que, por tal providencia, entrará en vigor el
25 de junio de este año.



De conformidad con la
exposición de motivos en los que se ha sustentado el proyecto de decreto
discutido el fin de semana, el sistema de administración de justicia necesita
introducir mecanismos de capacitación y difusión de la normativa penal, en
tanto los magistrados, jueces y fiscales requieren profundizar sus
conocimientos sobre la herramienta jurídica.



Con la disposición de
postergar la entrada en vigencia del nuevo código, se ha privilegiado la
necesidad de escuchar, dialogar y reflexionar acerca de la legislación penal y
su aplicación en el país.



Tal y como lo han declarado
las autoridades del Poder Legislativo, hoy más que nunca Honduras precisa de la
buena voluntad de abrir todas las vías que nos conduzcan a consensos entorno a nuestra
vida institucional. El entendimiento es un fin esencial y un propósito
primario.



Alrededor del Código
Penal, las posiciones son contrastadas. Unos, enfatizan que el instrumento
legal pretende devolver el equilibrio entre el principio de proporcionalidad y
función de la pena; además, adecuar la justicia a la nueva realidad.



A contrapelo, otros
segmentos de opinión pública están convencidos que el nuevo Código Penal tiene
inconsistencias de fondo muy serias, principalmente porque –según su particular
análisis- constituye una salvaguardia para los corruptos y reduce las penas
para los delitos contra la administración pública, el narcotráfico, el lavado
de activos y otros de la misma especie.



Existen muchas
definiciones dudosas, tesis confusas e interpretaciones ambiguas respecto al
instrumento de derecho que regula la potestad punitiva del Estado de Honduras.



En el período de 45
días que faltan para llegar al 25 de junio, cuando entrará en vigor el Código
Penal, el Congreso Nacional mantendrá abiertos los espacios para que todos los
sectores presenten sus propuestas y argumentos que contribuyan a enriquecer la
normativa.



Ojalá que los
diputados den vida a una genuina intención de escuchar a la sociedad civil y
que los representantes de estos grupos que rechazan el Código Penal se sumen a la
jornada de consensos, sin excusas ni intereses desviados. 



Al menos, éste es el
compromiso asumido por el Poder Legislativo. Y es un esfuerzo encomiable en
momentos en que hay que impulsar los acuerdos y la diversidad de opiniones para
cosechar la certidumbre y la paz entre el pueblo hondureño. 



Es cierto que el nuevo
Código Penal no acabará con el monstruo de la criminalidad en nuestro país,
pero es un instrumento sobre el cual debe cimentarse la aplicación recta y
justa de la ley. ¡Así esperamos que suceda!

Una salomónica pausa en la legislación penal

Una salomónica pausa en la legislación penal

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