El subsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Antonio García, se pronunció este lunes en defensa de los migrantes hondureños ante las nuevas políticas migratorias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En una entrevista con el noticiero Hoy Mismo de TSi, García reafirmó el compromiso de su gobierno para "evitar cualquier acción unilateral que viole los derechos de nuestros migrantes", en respuesta a las medidas que entrarán en vigor próximamente en los Estados Unidos.
Las nuevas medidas de Trump
En su discurso inaugural, Trump detalló que a partir de este lunes se implementarán órdenes ejecutivas que afectarán directamente a los migrantes que intenten cruzar la frontera sur de Estados Unidos.
Entre las decisiones más significativas se destaca la cancelación del programa CBP One, el cual permitía hasta 1,450 citas diarias para que los migrantes pudieran ingresar a Estados Unidos bajo un estatus de "parole", y así esperar una decisión sobre su solicitud de asilo.
"Parole" es un término del sistema jurídico estadounidense que permite a los ciudadanos conservar su libertad bajo ciertas condiciones.
García señaló que la eliminación de CBP One es un golpe a las expectativas de muchos migrantes hondureños que intentaban acceder a una oportunidad de trabajo y protección legal en aquel país.
Cierre de la frontera y militarización
La política de "cerrar la frontera" y "militarizarla", anunciada por Trump, pone en alerta a los gobiernos de los países de Centroamérica. García detalló que las nuevas órdenes ejecutivas pondrán fin a la política de "arrestar y liberar" a los migrantes.
Hasta ahora las personas sin documentos eran detenidas y luego sometidas, en libertad, a un proceso judicial que podía durar meses o incluso años. Al final un juez decidía el destino del procesado pero muchos no volvían a los tribunales, por lo que se quedaban ilegalmente.
Ahora, cualquier persona detenida por violar la ley migratoria será deportada de inmediato, sin la opción de ser multada o sometida a un proceso judicial que le permita permanecer en el país mientras se resuelve su situación.
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"El juez ya no tendrá la opción de aplicar sanciones alternativas. La ley dictará que los migrantes deben ser deportados, sin importar su situación", explicó García.
Además, el gobierno estadounidense tiene planeado intensificar las redadas en busca de migrantes indocumentados, y los carteles mexicanos serán clasificados como grupos terroristas. Esto podría aumentar la criminalización de los migrantes centroamericanos.
El impacto de las deportaciones en Honduras
Actualmente, Estados Unidos tiene autorizado el envío de hasta 10 vuelos semanales con migrantes deportados hacia San Pedro Sula, en Honduras.
Según datos de Cancillería, desde 2015 más de medio millón de hondureños han sido retornados al país, una cifra que podría aumentar bajo las nuevas políticas migratorias.
Sin embargo, el subsecretario subrayó que el gobierno hondureño buscará evitar deportaciones masivas y promover un diálogo abierto con Estados Unidos.
"Esperamos que el gobierno de Trump se siente con nosotros para discutir sus intenciones. Estaremos atentos a lo que ocurra y trabajaremos para proteger a nuestros migrantes", aseguró García.
La creación del Consejo Migratorio: estrategia para enfrentar la crisis
Ante el panorama que se avecina, el gobierno de Honduras ha establecido el Consejo Migratorio, un organismo que reúne a diversas agencias gubernamentales para coordinar una respuesta integral a la migración.
García aseguró que, bajo este Consejo, se buscará implementar un enfoque basado en el derecho internacional, la dignidad humana y la cooperación entre los gobiernos, sin caer en la subordinación de un país hacia otro.
"Nuestro objetivo es garantizar que las deportaciones se realicen de manera responsable y conforme a las leyes de cada país. No permitiremos que nuestros migrantes sean deportados por la fuerza", afirmó el subsecretario.
La renovación del TPS, una prioridad para Honduras
Uno de los temas más delicados que se avecinan es la posible renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 45,000 hondureños que residen en Estados Unidos.
Este programa protege a los migrantes hondureños de la deportación y les brinda ciertos beneficios laborales.
Según García, este será uno de los temas prioritarios para el gobierno de Honduras, ya que el presidente Trump deberá tomar una decisión sobre la renovación o cancelación del TPS antes del 4 de mayo.
"Estamos muy atentos a lo que ocurra con el TPS. Este es un tema crucial para la comunidad hondureña en Estados Unidos, y será nuestra prioridad número uno", explicó García.
Trump inicia su segundo mandato
Este lunes, Donald Trump juró nuevamente como presidente de los Estados Unidos, marcando el inicio de su segundo mandato.
En su discurso inaugural, Trump destacó que su administración pondría a Estados Unidos "en primer lugar" y se centraría en restaurar la seguridad del país.
Sin embargo, la promesa de adoptar medidas más estrictas en materia migratoria genera preocupación en los países vecinos, especialmente en Honduras, donde miles de ciudadanos se ven afectados por las políticas estadounidenses.
En su intervención, García subrayó la importancia de un enfoque equilibrado y de diálogo para abordar la migración, y aseguró que Honduras no se quedará de brazos cruzados ante la situación.
"Defenderemos los derechos de nuestros migrantes y buscaremos soluciones que respeten su dignidad, mientras mantenemos una relación respetuosa con Estados Unidos", concluyó.
