Un nuevo hecho de maltrato animal que ocurrió el miércoles 8 de enero a las 2:00 de la tarde ha generado indignación en redes sociales. Una patrulla de la Policía Nacional pasó por encima de un perro llamado Ares, que se encontraba durmiendo en una calle de tierra en Santa Bárbara, occidente de Honduras.
En un video que se ha vuelto viral, se observa cómo la patrulla asignada a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), estacionada previamente en el lugar, comienza a avanzar lentamente. En cuestión de segundos, el conductor del vehículo pasa encima del animal, dejándolo gravemente herido.
Según medios locales de Santa Bárbara, Ares se encuentra en un estado delicado debido a las lesiones provocadas por el peso del vehículo y hasta el momento no ha sido atendido por una clínica veterinaria.
HRN constató que Ares, de 2 años, salió de su casa y se recostó sobre la calle. La familia del can argumenta que, la patrulla policial lo hizo de forma premeditada, ya que vieron al animal y no se hicieron a un lado.
Por su parte, la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre este caso ni ha revelado el nombre del conductor de la patrulla, lo que ha desatado una ola de críticas y exigencias de justicia por parte de ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos de los animales.
Este incidente no es aislado. El 6 de diciembre de 2024, otro oficial de la Policía Nacional fue captado en video disparando contra un perro llamado Toby en Choluteca.
El animal falleció debido a las heridas de bala. Tras ese hecho, la institución anunció la suspensión del agente involucrado y su requerimiento por maltrato animal. Sin embargo, la identidad del oficial no fue revelada.
Organizaciones y activistas exigen acciones concretas para prevenir futuros casos de crueldad animal por parte de agentes de la Policía Nacional y piden que los responsables enfrenten consecuencias legales por sus actos.
Castigos para aquellos que matan perros
Entre 2 y 4 años de prisión podría enfrentar una persona que dispare y mate a un perro en Choluteca, según el abogado Fernando González.
“Se puede considerar una agravante debido a que los involucrados son funcionarios públicos, lo que puede implicar una mayor severidad en la sanción”, afirmó González.
