Lisby Allen Barbales fue sentenciada a 11 años de prisión por la muerte de un hombre de 52 años en un motel de Olanchito en el departamento de Yoro.
El hecho ocurrió en 2020, y según la versión de la mujer, actuó en defensa propia tras ser llevada a la fuerza y sufrir abuso sexual por parte del fallecido.
Desde la cárcel Lisby Allen Barbales contó a Univisión el sufrimiento que vivió.
“Él comenzó a abusar de mí, pasó mucho tiempo. Él me habló me jaló la mano. Él me llevó a un motel. Él me dijo que no me preocupara por mi hija porque no iba a salir viva, en un descuido, le tomé el arma, y le disparé. Yo llamé a la policía y le dije que había matado a una persona”.
La defensa alegó que Lisby fue víctima de agresión sexual y actuó para proteger su vida.
Sin embargo, el tribunal determinó responsabilidad penal y emitió una condena que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, está marcada por inconsistencias en el proceso judicial.
CaTtrachas denuncia irregularidades en el juicio
Cuatro años después del hecho, la organización lésbica feminista Cattrachas emitió un pronunciamiento en el que asegura que durante el juicio se registraron múltiples irregularidades.
A su criterio, no se aplicó perspectiva de género ni se garantizó un proceso justo para la acusada.
“Lisby Allen Barbales fue juzgada sin tomar en cuenta los antecedentes de violencia que enfrentó. Este caso refleja cómo el sistema judicial sigue fallando a las mujeres víctimas de agresión”, expresó la organización en un comunicado público.
El caso ha reavivado el debate sobre el derecho a la legítima defensa en contextos de violencia sexual y la falta de garantías para mujeres en situación de vulnerabilidad.
Diversos colectivos han exigido que se revise el expediente y se garantice un proceso legal justo, basado en estándares internacionales de derechos humanos y con enfoque de género.
VEA: Caso de viruela símica obliga a cerrar quirófanos y posponer cirugías en el San Felipe
