Luego que el gobierno de Honduras ha dado por concluidas las funciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), se han barajado varias propuestas para cubrir ese vacío.
Los voceros de la actual administración han recalcado que Honduras ha dejado las puertas abiertas con la Organización de Estados Americanos, con vistas a la exploración de esquemas que fortalezcan la lucha por la transparencia.
Sin embargo, sectores mayoritarios de dirigentes de la sociedad civil, de gremios, partidos políticos opositores y algunos grupos de empresarios e industriales, aseguran que la batalla contra la corrupción en Honduras se acabó.
Para estos segmentos de opinión crítica, los corruptos salieron victoriosos con la salida de la MACCIH, pues las instituciones del país forman toda una red que no permite que los deshonestos sean perseguidos ni castigados.
Otros actores de la realidad nacional todavía albergan alguna esperanza de que en Honduras se dé paso a una cruzada por la transparencia, mediante la construcción de una nueva plataforma.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha ratificado su compromiso de no desmayar en la investigación de casos de podredumbre, identificar a sus responsables y elevar estos expedientes al Ministerio Público.
Y es que, a falta del acompañamiento de la misión de la Organización de Estados Americanos, la lucha por el adecentamiento debería recaer primordialmente sobre la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y los juzgados con competencia en dicha materia.
La gran pregunta es si el Ministerio Público mantendrá con vida la UFECIC y si entre quienes dirigen dichas instancias existe la voluntad y el compromiso de asumir las acciones tendientes a enfrentar la corrupción.
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Todo indica que la Unidad Fiscal Especial va rumbo a su desaparición o en camino a que sus facultades sean menguadas después que se dio el tiro de gracia a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad.
Se recuerda que en 2018, la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento que declaraba constitucional el acuerdo que en su momento el Ministerio Público entabló con la MACCIH.
Pero algunos grupos críticos dejaron entrever sus sospechas respecto a las intenciones que desde entonces se hicieron patentes para debilitar la acción de la UFECIC.
Ya se avizoraba que la vida de la MACCIH y el sostenimiento de la coalición con la Unidad Fiscal Especial tendría corta duración, como en efecto ocurrió a la sazón.
A través de su división de comunicación institucional, la Corte Suprema de Justicia, había explicado que las ejecutorias de la UFECIC debían estar ajustadas al marco constitucional, a la luz de los principios de independencia, derecho a la defensa y debido proceso.
La UFECIC y la MACCIH integraron en su oportunidad equipos de investigación que trabajaron de manera conjunta. El apoyo a la Unidad Fiscal Especial fue expresado a través de la designación de fiscales internacionales, investigadores, analistas financieros y criminales, peritos, consultores y otros expertos.
Queda en nebulosa si es posible rescatar ese fundamento. El fiscal general, Oscar Chinchilla, ha ratificado el compromiso de seguir luchando contra la impunidad y la criminalidad.
Hay que vigilar muy de cerca los pasos al frente que den los corruptos y sus aliados en las esferas del poder para colocar "cerrojos" a las actuaciones de la UFECIC y del Poder Judicial para luchar contra la impunidad en Honduras.
