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El fallido sistema
penitenciario y de internamiento de menores infractores está en manos de los miembros
de Las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.



Como se sabe, el Poder
Ejecutivo declaró estado de emergencia en el aparato carcelario y en los
centros de corrección de niños y de jóvenes y, asimismo, la suspensión de los
funcionarios del Instituto Penitenciario Nacional.



Todo el personal, responsable
de los anillos de seguridad de los recintos penitenciarios, han sido separados.
La atribución de manejar el sistema penitenciario y los centros de
internamiento para los menores infractores ha sido trasladada a La Fuerza de
Seguridad Interinstitucional (FUSINA).



Desde ayer martes entró en
funciones la Comisión Interventora que está integrada por los coroneles y
comisionados: José Gonzales, Marco Barahona, Nery Arita, Willy Nuñez, Pablo
Herrera, José Miguel Mejía y Wilson Alvarenga.



La intervención de todo el
aparato penitenciario será por un tiempo no menor a seis meses. En ese marco se
procederá a la contratación de expertos nacionales e internacionales para la
transformación del sistema carcelario. 



La
decisión de mantener bajo fiscalización y supervisión las instituciones
carcelarias y de trasladar esa misión a Las Fuerzas Armadas es calificada como
un reto frente a una crisis que ya tocó fondo.



Tales
acciones conllevan el desafío central de recuperar la gobernabilidad en las
cárceles y en los centros de rehabilitación y reinserción de menores. 



Una
de las primeras tareas enmarcadas en la etapa de la intervención penitenciaria
ha consistido en la asignación de un contingente de militares y policías en los
módulos de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, Morocelí, El
Paraíso.



El
Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes ha recalcado el fracaso de la red de seguridad implantada en las
cárceles 



En
semejantes términos se ha pronunciado el Comité para la Defensa de los Derechos
Humanos en Honduras (CODEH), cuyos dirigentes han subrayado que las prisiones,
particularmente las de máxima seguridad, han vuelto a ser gobernadas por los
mismos privados de libertad.



Las
instituciones penitenciarias están convertidas en escenarios de muerte,
violencia, criminalidad, amotinamientos, tráfico de armas, trasiego de drogas y
otros hechos relacionados.



Todos
los esquemas para depurar y transformar la estructura penitenciaria fracasaron.
Quedaron soterrados por las estrategias del crimen organizado. ¿Correrá la
misma suerte el nuevo intento por tomar el control de los presidios?

Ya están bajo control de militares y policías los centros penitenciarios

Ya están bajo control de militares y policías los centros penitenciarios

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