En entrevista para El Informativo del Mediodía, de HRN, el congresista enfatizó que la implementación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) es un proceso bidireccional.
Por un lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza las evaluaciones pertinentes, mientras que el Gobierno de Honduras debe cumplir con varias tareas internas, por lo que aún la misión no ha sido instalada.
Según Barrios, el Poder Ejecutivo ha avanzado casi en la totalidad de lo solicitado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que el Congreso Nacional ha completado alrededor del 75% de sus responsabilidades.
Un punto destacado que Barrios detalló es la eventual aprobación Ley de Colaboración Eficaz, que se encuentra en segundo debate. Además, señaló que hay entre dos y tres leyes adicionales pendientes (aunque no precisó cuáles), cuya tramitación se ha visto afectada por la falta de sesiones en el Congreso.
De tal modo, Barrios se mostró optimista sobre la normalización de las sesiones en el Legislativo el 25 de enero de 2024 y la posibilidad de completar estas leyes entre enero y febrero.
El papel del Ministerio Público
El diputado también habló sobre una reforma pendiente del Código Penal, relacionada con el aumento de penas para ciertos delitos de corrupción.
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En ese sentido, resaltó que, tras la derogación del decreto legislativo 116-2019, el Ministerio Público ya no necesita esperar informes del Tribunal Superior de Cuentas para actuar, lo que agiliza el proceso judicial.
Esta, entre otras derogaciones y reformas, es parte de las recomendaciones que dio la ONU al Gobierno de Honduras para dar paso al proceso de instalación de la CICIH al considerar que decretos como este, así como los también derogados 57-2020 y 93-2021, impedían la lucha contra la corrupción en el país.
El decreto 57-2020 hacía referencia a la interpretación de los artículos 217, 219 y 22o del Código Procesal Penal sobre los requisitos para el comiso y secuestro de documentos relacionados con investigaciones en actos de corrupción, con lo que el MP no podía perseguir los delitos de dicha índole.
Por su parte, el decreto 93-2021 detallaba que el delito de lavado de activos como un precedente del tráfico de drogas, tráfico de personas y tráfico de armas, por lo que si estos últimos no se vinculaban no extistía acción penal qué perseguir.
¿Llegará la CICIH?
La CICIH es una iniciativa esperada por la población hondureña, busca abordar las profundas raíces de la corrupción en el país. Su necesidad se hizo más fuerte entre la población tras el escandaloso desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social en 2015, por lo que fue una promesa clave en la campaña electoral de la presidenta Xiomara Castro en 2021.
De tal modo, en febrero envió una carta a la ONU para solicitar el envío de la misiva internacional, por lo que en junio de ese mismo año el organismo internacional respondió a la solicitud con un borrador del memorándum de entendimiento que se firmó en diciembre de 2022 y el lunes 18 de diciembre fue extendido en su vigencia por segunda vez, pues ya se había dado la primera en junio de este año.
(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).
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