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Las principales empresas públicas siguen en estado financiero crítico. El balance de la ENEE y de Hondutel al corte de agosto, arroja un pasivo que supera los 85 mil millones de lempiras.



El conjunto de deudas y obligaciones pendientes de pago de la estatal eléctrica y de la entidad de telecomunicaciones reflejan un estado de profundo deterioro. Ambas instituciones que forman parte del patrimonio de Honduras están en la “quiebra”.



En lo que atañe a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el balance de su situación financiera subraya que el pasivo total había pasado de 68 mil 700 millones en diciembre de 2019 a 80 mil 600 millones en agosto de 2020.



La ENEE reportó en ese período un déficit cumulado de 57 mil millones de lempiras, lo que quiere decir que este año la brecha entre los ingresos y los gastos se ha incrementado a un ritmo de 600 millones mensuales.



Hasta agosto, las cuentas por pagar a los proveedores se mantenían en 11 mil 600 millones de lempiras, detallan los reportes de la institución de energía eléctrica.



Igualmente hundida en su desbalance está la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, cuyos estados financieros revelan un déficit de 30 millones de lempiras mensuales y pérdidas por el orden de 700 millones.



Los mismos informes detallan que Hondutel percibía entre 50 y 60 millones de lempiras semanales, pero en la actualidad nada más contabiliza el ingreso entre ocho y 10 millones, una caída de más del 80 por ciento.



A este indicador se agrega que 70 de cada 100 lempiras que entran en la empresa van para el pago de salarios, lo que significa que los pocos recursos que percibe no ajustan ni para cubrir la planilla.



Los encargados de analizar los números en rojo de Hondutel, concluyen que en dos o tres meses la institución sería cerrada o declarada insolvente.



No existe una política estatal para el rescate ni de Hondutel ni de la ENEE, que son parte del patrimonio de los hondureños. Ambas instituciones se encuentran sobre la línea de su quiebra, el saldo irremediable de la mala administración gubernamental, el tráfico de influencias políticas, la alimentación de mafias en su interior y la falta de una visión de inversiones y competitividad.



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