Al respecto, Hernández indicó que hay algunos empresarios (aunque no precisó nombres) que no cumplen con las condiciones de los beneficios de las exoneraciones fiscales, pero que el Gobierno debe poner orden.

"Si ellos (Gobierno) cumplieran su trabajo yo estoy totalmente seguro que ningún empresario cometería errores de ese tipo; el Estado mismo es el culpable de que haya abusos. Las leyes son buenas, lo único que el Gobierno es el principal que no contribuye a que la ley se cumpla", dijo Hernández a Diario Matutino, de HRN.

'No hay incentivos'

Por otra parte, Hernández catalogó la reforma tributaria presentada por el Gobierno a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR) como "un error garrafal" para la competitividad empresarial en Honduras ante el resto de Centroamérica.

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En ese aspecto, instó al Gobierno a socializar el anteproyecto de ley, denominado Ley de Jusicia Tributaria, y a consensuar una propuesta que beneficie a todos los sectores del país para atraer inversión y, a su vez, generar empleo y mayor recaudación de impuestos.

"Tenemos que ser más competitivos y no podemos permitir que esta ley, así como está redactada, pase por el Congreso y que nuestros diputados no le den lo suficiente pensamiento para para no perjudicar a nuestro país", enfatizó.

Asimismo, Hernández expuso que si la reforma tributaria es aprobada como fue presentada por el SAR a la empresa privada, el Gobierno hondureño enviaría un mensaje negativo a la inversión nacional y extranjera.

"Si eso (aprobar reforma) llega a suceder, lógicamente vamos a sentir que lo que están queriendo es eliminar la empresa privada, la inversión y decirle al inversionista, nacional o extranjero 'señor, no inviertan en Honduras, váyanse en otros países, porque aquí no los queremos'", sentenció.

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Reforma tributaria

La propuesta de reforma tributaria fue anunciada por la presidenta Xiomara Castro el 30 de enero de 2023 y el 8 de marzo el SAR la presentó ante la empresa privada.

Dicha propuesta pretener eliminar 16 regímenes de exoneración fiscal, entre ellos las Zonas Libres (Zoli), Zonas Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur) y el Régimen de Importación Temporal (RIT), entre otras, así como suspender el secreto bancario en el país.

Según el gobierno, con estas medidas se pretende evitar presuntos abusos y realizar el cobro efectivo de impuestos a las personas y empresas con base en su capacidad económica.

No obstante, algunos sectores, como la empresa privada, han rechazado la propuesta, ya que sostienen que la reforma ahuyentaría la inversión privada y se perderían empleos.

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