Y no es que estos modelos de conducta no se hayan presentado en las gestiones anteriores. Lo que diversos sectores cuestionan es que tales episodios se repitan, pese al compromiso del presente Gobierno de adecentar la administración pública y ponerle fin al tráfico de influencias, a la corrupción y a otras manifestaciones de su tipo.
El más reciente escándalo es el que involucra a la extitular de la Dirección de la Niñez y la Adolescencia (Dinaf), Dulce Villanueva, quien ha renunciado después de la divulgación de audios en los que se le escucha en diálogo con una de las empleadas a quien le promete un incremento salarial, con la condición de que ésta le entregue la tercera parte de la suma en juego.
Además, la renunciante directora de la Dinaf le sermoneó a su personal que los nombramientos en ese organismo están condicionados totalmente por el padrinazgo político.
Otro caso, pero esta vez una manifestación de intolerancia: el ministro de la Transparencia, Edmundo Orellana, se salió de sus “quicios” cuando un periodista de HRN le consultó acerca de los familiares de la pareja presidencial y de altos funcionarios que están metidos en el engranaje gubernamental. Algunas semanas atrás, el doctor Orellana había respondido que no advertía nepotismo en este Gobierno.
Y los episodios relacionados con acoso sexual son varios en la presente administración. Hace dos semanas estuvo en el centro de la tormenta el exsecretario general del Instituto de la Propiedad, Tirso Ulloa.
Igualmente se vio forzado a retirarse del puesto cuando estalló en las redes sociales una plática inapropiada sostenida por este servidor de confianza con una mujer a la que había prometido un empleo a condición de favores sexuales.
En enero de este año, trascendió un capítulo de violencia protagonizado por el exgerente del SANAA, Leonel Gómez, señalado de algunos actos de corrupción y de agredir verbalmente a una de sus empleadas, quien -junto a otras dos compañeras- interpuso una denuncia en su contra ante el Ministerio Público.
El año pasado, una dama que se desempeñaba en el despacho del designado presidencial, Salvador Nasralla, acusó por hostigamiento laboral y sexual a Moisés Ulloa, hasta entonces delegado en materia anticorrupción e impunidad de esa misma oficina.
Los diputados no han estado exentos de “sucesos vergonzosos” que desdicen mucho su investidura. Uno de ellos es el congresista de Libre, Bartolo Fuentes, contra quien la Fiscalía presentó la semana que recién concluyó un requerimiento por delitos contra la mujer.
La agraviada es la legisladora de la misma filiación política, Melbis Ortíz, a quien Fuentes le habría tratado de “vieja y corrupta” y, por esa razón, provocado desprestigio del honor y de la reputación de la víctima.
En un enredo similar estuvo involucrado el diputado por Choluteca, Mauricio Rivera, perteneciente al Partido Libertad y Refundación. Como se recuerda, el congresista se hizo presente en la sede de Ciudad Mujer en esta capital en compañía de unos 50 activistas.
Al mejor estilo de los grupos de choque político, Rivera y sus seguidores quemaron llantas y lanzaron piedras y palos contra el edificio para amedrentar y obligar a la directora de la institución, Tatiana Lara, a nombrar a recomendadas del diputado en Ciudad Mujer en la zona sur del país.
Los casos que han sido referidos, ponen de manifiesto que la ética y la moral no forman parte del código de conducta muchos de los funcionarios públicos en todos los niveles del ejercicio del poder. El adecentamiento de la función pública es un vacío.
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