Las condiciones desfavorables en que viven siete de cada diez hondureños, obliga a éstos a buscar opciones para sobrevivir. Paradójicamente, en el país encuentran un entorno hostil a sus derechos.
Los datos estadísticos muestran que cada 24 horas, no menos de 300 compatriotas salen del país, con el fin de huir de la pobreza, la corrupción, la impunidad y la violencia criminal, en esencia.
Estas causas les convierte en víctimas de desplazamiento forzado. Honduras es el primer expulsor de personas en razón de la violencia, de conformidad con los reportes que obran en poder de organismos de Derechos Humanos.
El problema del desplazamiento es grave. Basta con hacer referencia a 2018, cuando Honduras representó el octavo país de origen con más de 40 mil solicitudes nuevas de asilo, más de la mitad a Estados Unidos, 13,000 a México y unas 2,500 a España
Los emigrantes hondureños encabezan la lista de quienes buscan asilo. Un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) revela que una gran cantidad de connacionales han solicitado protección en 26 países del mundo, particularmente en Estados Unidos y México.
En el período entre 2004 y 2018, más de 247,000 personas debieron huir de sus casas, porque su vida había sido puesta en situación de riesgo.
Esa masa es equivalente a cerca de 59 mil hogares desplazados en más de una década, en su mayoría establecidos en Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida.
Siete de cada diez núcleos familiares reportan que han tenido que irse de sus lugares de residencia, debido a que han sido víctima de uno o más hechos de violencia.
Más de 80 por ciento de los que escapan para salvar su vida, tienen la intención de quedarse en el territorio de refugio; el resto, quieren reubicarse o salir del país.
Siguen siendo las ciudades mayormente afectadas por el éxodo de sus habitantes: San Pedro Sula, Choloma, el Distrito Central, La Ceiba, Tocoa, Comayagua y El Progreso.
La asistencia humanitaria, la protección en todos sus sentidos, igual que el registro de los bienes abandonados, el acceso a la justicia, al trabajo y a los servicios de educación y salud, son derechos que tendrían que ser reivindicados en Honduras para evitar el desplazamiento de las personas que se ven forzadas a irse de su propio país, porque no encuentran alternativa de una vida digna.
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