"Soy inocente". Éstas fueron las primeras palabras pronunciadas por el alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Roosevelt Aviléz López, cuando fue detenido por elementos de fuerzas especiales, señalado de estar metido en lavado de activos y en tráfico de drogas.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico informaron que el involucramiento del funcionario edilicio y de algunos miembros de su círculo familiar, es el resultado de una investigación que está en curso y que se apoya en denuncias recibidas en el período entre 2013 y 2015.
Tales indagaciones establecen la existencia de un aumento patrimonial evidentemente desproporcionado en relación con las actividades económicas generadoras de ingresos.
Con base en un análisis de las finanzas y patrimonio del jefe del gobierno local de Talanga, se identificó un total de 164.4 millones de lempiras y a su esposa, Nancy Santos, la cantidad de 157 millones sin justificación, ha ratificado la institución encargada de ejercer la acción penal.
Las acusaciones contra el alcalde nacionalista Avilez López abren el viejo debate sobre la infiltración del crimen organizado en las actividades políticas.
Hace sólo unas semanas la opinión pública también había sido sacudida a causa de la detención del alcalde de Roatán, Islas de la Bahía, Jerry Hynds, a quien se le presumía culpable -junto con otras tres personas- de trasiego de drogas. Hynds, que posteriormente fue dejado en libertad, había sido detenido por agentes especiales durante una acción de decomiso de más de 2,400 kilos de cocaína.
No son los únicos dos casos de su tipo. En 2014 se registró la captura del entonces alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, imputado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la contratación de sicarios.
Igualmente se le acusó de almacenamiento ilegal de armas y blanqueo de dinero de dudoso origen. Durante la operación, la policía allanó nueve propiedades y confiscó otras 10 que supuestamente pertenecían a un grupo criminal encabezado por el alcalde y sus dos hermanos.
Especialmente relevante es el expediente del ex-alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, de quien se afirma se convirtió en uno de los principales testigos de Estados Unidos en el juicio ventilado contra Tony Hernández, el hermano del mandatario Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia por varios cargos, entre ellos conspiración para traficar e introducir drogas en gran escala en aquel país.
En su oportunidad, el asesor presidencial Marvin Ponce, había declarado que un informe confidencial señalaba a unos 35 funcionarios municipales, cuyas campañas habrían sido financiadas con fondos del crimen organizado.
El adecentamiento de la labor municipal, así como la transparencia y honestidad son, primordialmente, las condiciones que deben exigir los hondureños de la hoja de vida de los políticos que aspiran a dirigir los gobiernos locales o que desempeñan en tales cargos.
¿Hay muestras claras de que el narcotráfico ha calado profundamente en las esferas de poder en el país en un ambiente de latrocinio y corrupción?
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