Las líneas de investigación de los hospitales móviles están condenadas a quedar en el olvido. El proceso se encuentra estancado y los culpables, en sus distintas categorías, están cobijados por la impunidad.
Tampoco hay esperanzas de recuperar los 1,200 millones de lempiras que fueron tomados para hacer el "negocio", calificado como el más grande acto de corrupción cometido en la actual crisis sanitaria.
Las estructuras que fueron trasladadas desde Turquía hace más de un año; sin embargo, ninguna de ellas entró todavía en plena operación y, en caso que se logre su funcionamiento, No será estrictamente para la atención de covid.
Únicamente los hospitales que están asentados en Tegucigalpa y San Pedro Sula funcionan "a medias". Los de Atlántida, Copán, Choluteca, Olancho y El Paraíso, se encuentran en proceso de conexión, con varios de sus sistemas en prueba, debido a sus múltiples fallas.
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Dos ex funcionarios son los únicos que están procesados por el caso de los hospitales móviles. Diversos sectores de la sociedad reclaman que la justicia llegue a los protagonistas, sin excepción, y en todas las escalas que se prestaron para concretar la compra-venta por 48 millones de dólares.
Hace algunas semanas trascendió la denuncia sobre la "fiesta" que se hizo con la asignación de casi un millón de lempiras que fueron entregados a un grupo de empleados y funcionarios de Invest-Honduras para los fines de hacer entrar en operación los hospitales, a pesar de que una compañía ligada con el proveedor se ocupa de los mismo propósito.
Adicionalmente, se conoce que se han elevado varias peticiones destinadas a que se otorguen fondos que irían al gasto para "hacer funcionales" las estructuras adquiridas turbiamente por el Gobierno con la mediación fraudulenta del empresario guatemalteco-estadounidense Axel López, quien todavía goza de total libertad y sin preocupación alguna de rendir cuentas a la justicia.
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A juicio de profesionales del Derecho, entre ellos quienes han ocupado cargos de cúpula en la Fiscalía, han reiterado que el Estado de Honduras ha sido víctima de una "estafa continuada" en la compra, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de los hospitales móviles.
Estos expertos de las Ciencias Jurídicas y Sociales sostienen que ya no es posible engañar al pueblo hondureño ocultando la verdad. Hay que actuar contra los culpables, a la luz de las evidencias de que se trató de un "engaño", de "un desvío de fondos" y de una "desvergonzada apropiación de los recursos del Estado".
El Ministerio Público reafirmó que están activas varias líneas de investigación; una de ellas en relación con el intermediario López, representante de la empresa Elmed Medical Systems.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), ha instado al Gobierno a actuar firmeza, oportunidad y prontitud para la deducción de responsabilidades penales, en tanto que organismos empresariales y asociaciones anticorrupción exigen se proceda sin vacilaciones en este expediente que ha derivado en una imperdonable limitación y negación del derecho a la salud del pueblo.
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